Las capitales vascas apenas tienen alquileres por debajo de 900 euros

Solo un 6% de los pisos en alquiler en el Estado tienen una renta por debajo de 600 euros y un 31%, menos de 900 euros, horquillas entre las que se encuentran los requisitos de precio máximo para que los jóvenes puedan percibir la ayuda del Bono Alquiler Joven, según los datos del portal inmobiliario Fotocasa. En el caso de las capitales vascas, Bilbao tiene un 1,6% de oferta por debajo de 600 euros, pero ese porcentaje es del 0% en Donostia y Gasteiz. Y en el caso de ofertas de alquiler inferiores a 900 euros, el volumen porcentual es del 4,3% en Bilbao y del 1,5% en Donostia, pero es nula en Gasteiz.

El pasado 14 de octubre, tras la manifestación del día anterior en la capital madrileña en la que se exigían soluciones al problema de la vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven dotada con 200 millones de euros. Gracias a esta ayuda, los jóvenes de entre 18 y 35 años podrían recibir una cuantía fija de 250 euros al mes para pagar el alquiler en caso de cumplir ciertos requisitos entre los que se encuentra que el precio de la vivienda no debe superar los 600 euros, límite que podría aumentar hasta los 900 euros en ciertas comunidades si así lo deciden entre las distintas administraciones. Sin embargo, según los datos de oferta del mercado del alquiler del mes de octubre suministrados por Fotocasa, en la mayoría de las capitales de provincia la oferta por debajo del los 600 euros es muy escasa o casi inexistente. La ciudad de Barcelona lidera el ranking con un 0,1% de la oferta total de vivienda en alquiler con un precio por debajo de los 600 euros, seguida de Madrid (0,3%), Valencia (0,4%), Santander (0,4%), Tenerife (1,2%), Girona (1,4%) o Bilbao (1,6%). Incluso hay ciudades donde la oferta por menos de este precio es inexistente, como en Iruñea, Donostia, Palma de Mallorca o Gasteiz.

ASEQUIBLES

En el otro extremo, entre aquellas ciudades que cuentan con más disponibilidad de viviendas en alquiler con precio menor a 600 euros se encuentran Palencia, con el 55% de la oferta que está por debajo de este precio; seguida de Ciudad Real, en la que el 52% de las viviendas se ofrecen a un precio por debajo de los 600 euros. La lista de capitales de provincia la completan Jaén (48%), Zamora (37%), Lugo (36%) y Badajoz (30%).

“Si lo que se persigue es que el Bono Joven llegue a quien más lo necesita, sería necesario revisar y ampliar el límite de la cuota mensual, ya que el precio del alquiler medio en España ya supera los 1.000 euros y, por tanto, un gran volumen de jóvenes no podrá solicitarlo porque su renta supera los 600 euros, o los 900 euros dependiendo en la autonomía en la que se encuentre” afirmó en un comunicado la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

La situación del mercado del alquiler ha variado mucho en pocos años, de tal forma que en 2022 en Madrid existían un 14% de viviendas por debajo de 600 euros y hoy tan solo el 0,3%; en el caso de los alquileres por menos de 900 euros, en 2022 en la capital madrileña suponían un 29% del total, mientras que actualmente representan el 5%. La ampliación del límite hasta los 900 euros también es un medida que queda restringida en los mercados más tensionados. Y en este contexto, en ciudades como Gasteiz no existe ningún piso por debajo de este precio; a la capital alavesa le siguen Palma de Mallorca (0,2%), Barcelona (1,2%), Donostia (1,5%), Bilbao (4%), Madrid (6%) o Valencia (7%).

INVESTIGACIÓN

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que habrían obligado a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o que les habrían obligado a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada. Estas prácticas se habrían llevado a cabo por parte de empresas que operan en todo el territorio español. “La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos”, recordaron desde Consumo.