El pasado viernes, coincidiendo con el envío del comunicado interno de la Sociedad de Médicos a los accionistas, se celebró en Bilbao un juicio dentro del frente judicial que mantiene el consejo contra la capacidad de veto del Montepío del IMQ a la venta a Adeslas. Se trata de una demanda presentada por 16 médicos -entre ellos cuatro consejeros- por el cambio estatutario que puso en manos del Montepío una acción de oro que en estos momentos es el principal obstáculo para la operación.
La EPSV de los médicos busca garantías de que no se rompa el modelo actual y cuando se presente formamente la oferta de Adeslas analizará el documento para tomar una postura. No hay venta sin un acuerdo previo con el Montepío y el clima no parece el más propicio. En la vista del viernes se pudo constatar que las relaciones no son las más favorables para el entendimiento.
Entre los testigos figuraba la presidenta de IMQ, Beatriz Astigarraga, y varios consejeros. También estaban llamados a declarar el presidente del Montepío, José María Castaños, y el expresidente de IMQ, Pedro Ensunza, que como Astigarraga voto a favor del blindaje que el consejo actual ha convertido en causa de litigio.
Durante su declaración, Beatriz Astigarraga reconoció que la compañía llevaba meses trabajando en el blindaje, que se aprobó en junio de 2019, y que los abogados que trabajan para el IMQ habían explicado a los consejeros el mecanismo que iban a refrendar. Todo ello con el aval de la auditora KPGM.
La defensa del Montepío estima que, con su testifical, la presidenta de IMQ anuló implícitamente una de las bases con las intenta eliminar judicialmente el blindaje; en palabras llanas, que ni ella ni otros consejeros sabían exactamente qué estaban aprobando. Otro de sus argumentos, que el veto del Montepío es “lesivo” para los accionistas, ya fue desestimado en el juicio por esta misma cuestión celebrado en marzo de este año. Aquel proceso, iniciado por Eduardo Zabala cuando era todavía presidente de la PAI, se saldó con una sentencia favorable al Montepio. Ese fallo, pendiente de apelación en Tribunal Superior, es un precedente para el nuevo juicio, aunque el tribunal y por tanto el juez sea diferente.
