El Consejo de Ministros aprobó ayer martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como ley de riders, por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley "va a cambiar el signo de los tiempos" y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues "no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto".
la nueva ley
El decreto de los riders aprobado ayer martes es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores, es decir, que no implica solo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.
Según los datos aportados por la ministra, la Inspección de Trabajo ha regularizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.
En concreto, se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.
La ministra considera precisamente que esta medida es la "más ambiciosa" de la norma, pues todas las empresas deberán ser transparentes sobre los algoritmos y fórmulas matemáticas que pueden "sesgar" las relaciones laborales. "Los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las razones que motivan decisiones que son empresariales", apuntó.
la comisión de expertos
Precisamente, Díaz aprovechó su intervención para anunciar la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar, con "tranquilidad", el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España.
"Necesitamos el saber de los expertos para tener solvencia y claridad sobre cómo abordamos estos aspectos porque las fórmulas matemáticas deben ser neutras (...) Tenemos ya certezas de que existen sesgos en el desempeño de las relaciones laborales y los algoritmos ya están presentes en todas las relaciones laborales, en todas las empresas", explicó.
Preguntada por las críticas de las asociaciones de repartidores a la norma y a su previsión de que destruirá puestos de trabajo, la ministra subrayó que, igual que los trabajadores no deben temer los cambios tecnológicos, "las empresas tampoco deben temer los derechos laborales".
reacciones
UGT pide una regulación más completa. Señala que la nueva ley es insuficiente para la realidad y las necesidades de los empleados del sector de las plataformas digitales. Reclaman una regulación global que solucione los graves problemas del sector digital.
CCOO asegura que la nueva medida puede abarcar más. Para el sindicato, la ley va en buena dirección pero que debería regular las condiciones de trabajo de una diversidad de trabajos que se desarrollan a través de plataformas.
LAB cree que la ley abre la puerta a la precariedad. Considera que la medida no garantiza los derechos laborales del colectivo y que permite a las empresas digitales buscar otras vías para seguir explotando.
