El Parlamento Vasco ha frustrado la tramitación de una ley que regule la limitación del precio máximo de los alquileres de viviendas en determinadas zonas de Euskadi donde los precios han sufrido un gran aumento en los últimos años y ha rechazado la propuesta planteada en este sentido por EH Bildu.

El arrendamiento de viviendas del mercado libre ha sido el primer punto que ha debatido la Cámara vasca en su primer pleno ordinario del año 2021 impulsado por EH Bildu a través de una proposición de ley cuya toma en consideración ha sido rechazada al oponerse a su tramitación PNV, PSE-EE, PP+Cs y Vox.

La coalición soberanista solo ha recibido el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, un respaldo insuficiente para que esta propuesta legislativa siga su recorrido en el Parlamento.

En su proposición, EH Bildu pedía limitar las rentas en los contratos de arrendamiento de las viviendas cuando estas sean habituales, se encuentren en un área con el mercado tensionado y no formen parte del sistema residencial de protección pública.

También tendrían carácter de vivienda habitual las residencias de estudiantes mientras dure el curso y quedarían fuera de esta regulación las que tengan una superficie útil superior a 150 metros cuadrados.

EH Bildu proponía una declaración por parte del Gobierno vasco de áreas con un mercado de vivienda donde los precios de los alquileres hayan experimentado un gran aumento en los últimos años. En esas zonas se fijaría el precio máximo de las rentas.

El alquiler sube más de un 8%

La iniciativa identifica ya las zonas que en la actualidad tienen un mercado de vivienda tensionado, donde en los dos últimos años el alquiler ha subido más de un 8 %.

En esos lugares, según esta propuesta de EH Bildu, se fijaría un índice de referencia de precios y los nuevos contratos de alquiler no podrían superarlo. Los barrios son los siguientes: en Bilbao, Casco Viejo y Ametzola; en San Sebastián, Aiete-Lugaritz, Gros-Sagüés, Ibaeta-Errotaburu-Berio, Lorea, Intxaurrondo y Marrutxipi, y en Vitoria, Aranbizkarra, Ariznabarra, Arriaga-Lakua, Coronación, Desamparados, El Anglo, El Pilar, Judimendi, Lovaina, San Cristóbal, Txagorritxu y Zaramaga.

Durante el debate, el parlamentario de EH Bildu Ander Rodríguez ha recordado que la renta media de contratos firmados en alquiler libre en segundo semestre de 2019 era de 688 euros, un 10 % más que tres años atrás. Además, desde 2013 hasta hoy la subida ha sido de un 22 %, especialmente en las tres capitales vascas.

Rodríguez ha remarcado que los más de 800 desahucios anuales son la expresión "más extrema y visible" de la problemática asociada al precio de alquiler y ha reprochado al Gobierno vasco y a los partidos que lo sustentan, PNV y PSE-EE, su oposición a regular por ley en Euskadi este ámbito.

El Ejecutivo vasco ya se pronunció al respecto mediante una criterio desfavorable a esta ley argumentando que la proposición era "inoportuna y precipitada" porque ya se está tramitando una nueva regulación a nivel estatal con mayor seguridad jurídica.

El Gobierno vasco la considera "insuficiente"

Además, el Gobierno vasco considera que fijar mecanismos de control de rentas, aunque a priori pueda constituir un mecanismo funcional, en la práctica es insuficiente para hacer frente "a una oferta monopolítica y oligopolística". En este sentido se han expresado los portavoces del PNV y PSE cuando han explicado en el pleno su oposición a esta propuesta.

Irune Berasaluze (PNV) ha considerado que limitar los precios no es una solución estructural para solucionar este problema y ha dicho que las políticas públicas deben ir "por otro camino", mientras que Eneko Andueza (PSE) ha indicado que lo más adecuado es esperar que se apruebe una ley a nivel estatal.

Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) ha avalado la propuesta de EH Bildu y ha recordado que esta problemática afecta sobre todo a la juventud vasca, que tiene que dedicar más del 70 % de su salario al alquiler.

Desde el grupo PP+Cs, Muriel Larrea ha opinado que lo "correcto" es aumentar el parque de vivienda pública de alquiler, mientras que la única parlamentaria del partido de extrema derecha Vox, Amaia Martínez, no ha hecho uso de su turno de intervención y no ha explicado su voto en contra.