El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, con 15,5 millones de euros, a la orden del consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, que regula la concesión de ayudas directas a las personas inquilinas del parque de viviendas de alquiler libre de Euskadi que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica a causa de la crisis de la enfermedad covid-19.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Arriola ha recordado que el pasado 31 de marzo se aprobó la orden por la que se exoneraba del pago del alquiler, por al menos tres meses, a las personas inquilinas de los parques de alquiler protegido a quienes el coronavirus haya puesto en situación de vulnerabilidad.
"Es, por tanto, de justicia que, desde el Gobierno, se ampare también a las personas que tienen que recurrir al alquiler libre -notablemente más caro que el protegido-- y que también se han visto sacudidos por las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria al quedarse en el paro, al sufrir un ERTE o ver reducidos sus ingresos", ha señalado antes de avanzar que se estima que la ayuda beneficiará a 9.853 hogares.
Pueden ser beneficiarias de la ayuda económica aprobada este miércoles todas aquellas personas que se queden en el paro o hayan sufrido un ERTE como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, así como todas aquellas que, siendo trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una caída sustancial de sus ingresos o sus ventas igual o superior al 40%.
Los requisitos básicos para acceder a la ayuda son contar con un contrato de alquiler, suscrito antes de la declaración del estado de alarma y no poseer otra vivienda, y que los ingresos anuales ponderados de la unidad familiar no superen los 39.000 euros en el último ejercicio fiscal, que es la cantidad máxima para acceder a una VPO, además de que no se disponga de un patrimonio superior a 50.000 euros.
También establece que el importe de la renta, más los gastos de comunidad y los suministros básicos, supere el 30% de los ingresos disponibles en ese momento; y que el importe del alquiler mensual no exceda de 1,5 veces (1,75 en el caso de familias numerosas) la renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice la vivienda, según los datos de la EMA, la Estadística del Mercado del Alquiler -- 924 euros en Vitoria, 1.113 en Bilbao y 1.324 euros en San Sebastián--.
La cuantía de la ayuda, en línea con la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Prestación Económica de vivienda (PEV) vigentes en Euskadi, asciende a 250 euros mensuales y se aplicará durante seis meses, de abril a septiembre si persiste la situación de vulnerabilidad. El importe total podrá alcanzar los 1.500 euros, que se abonarán en dos pagos trimestrales.
"Lo que hacemos con esta Orden, de alguna forma, es extender de forma transitoria el reconocimiento del derecho subjetivo de vivienda, en forma de prestación económica, a aquellas personas y unidades familiares a las que esta crisis ha puesto en situación de vulnerabilidad económica y social", ha destacado Arriola.
El presupuesto dispuesto por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para sufragar la ayuda asciende a 15,5 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y se prolongará hasta el 30 de septiembre.
La tramitación se realizará preferentemente de forma telemática a través de la web www.euskadi.eus y de los canales que la sociedad pública Alokabide S.A. mantiene en www.alokabide.euskadi.eus.
La solicitud, disponible a través de los canales telemáticos, irá acompañada de una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos y de documentación acreditativa de los ingresos. Se trata de una convocatoria no competitiva cuya ayuda es finalista.
Debe dedicarse al pago del alquiler de la vivienda habitual o a la devolución de los microcréditos concedidos para este fin por las entidades bancarias con aval del ICO, recogidos en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Por otro lado, la Orden aprobada este miércoles extiende las ayudas de este programa a las personas que sean víctimas de violencia de género, sean objeto de desahucio de su vivienda habitual, no tengan hogar, o sean especialmente vulnerables. Y, por cuenta de ellas, a las administraciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que se ocupan de dar a estas personas una solución habitacional.
Se considerarán personas especialmente vulnerables aquellas que así sean valoradas por los servicios sociales de base municipales. En estos casos, dado su carácter más estructural, la cuantía total de la ayuda ascenderá a doce mensualidades, por lo que alcanzará los 3.000 euros.
"Estimamos que las personas beneficiadas pueden rondar el medio millar y que el coste global de las ayudas supondrá 1,5 millones de euros de la cifra total de 15,5 millones contemplada en el programa", ha detallado el consejero de Vivienda.
Dado su carácter transitorio y que está vinculado a la emergencia concreta por coronavirus, todas las ayudas contempladas por la orden aprobada este miércoles no son compatible con el resto de ayudas públicas destinadas al mismo fin.
"El confinamiento ha evidenciado que disponer de una vivienda digna y adecuada es una necesidad esencial. Por eso, desde el Gobierno no podíamos dejar sin atender este flanco social, ayudando a las familias más perjudicadas económicamente por esta crisis para que puedan hacer frente al pago del alquiler de la casa que habitan", ha concluido el consejero.
