El Gobierno vasco podría empezar este año a reducir su saldo vivo de deuda

El límite de endeudamiento previsto en el proyecto de Presupuestos que no fue aprobado es de 1.261 millones de euros, pero el Ejecutivo se ha marcado como objetivo final no superar los 830 millones, que es la cifra prevista para las amortizaciones de deuda. Es decir, el dinero que hay que devolver este año a los inversores que compraron bonos vascos o a los bancos que prestaron dinero al Gobierno de Gasteiz en el pasado.

De cumplirse esa expectativa, el ejercicio concluiría en equilibrio: se apuntaría como ingreso el mismo volumen de deuda imputable como gasto y el pasivo financiero total no aumentaría respecto a 2018. Sin embargo, tras emitir 750 millones en dos operaciones realizadas en marzo y abril, el Gobierno vasco confía en no tener que realizar nuevas operaciones durante el resto del año. Quedarían por tanto 80 millones en el tintero y el saldo de deuda viva -el dinero que hay que devolver los próximos ejercicios- bajaría en esa misma proporción.

Sería un arañazo en una montaña de más de 9.100 millones de euros, pero marcaría el inicio de un nuevo ciclo en la gestión de las Cuentas Públicas vascas, limitadas desde hace casi una década por el lastre del endeudamiento con el que se dio respuesta a las necesidades de los ciudadanos durante la crisis.

prudencia en el Gobierno El Departamento de Hacienda prefiere mantener cautela en torno a esta cuestión. Si es necesario se agotará el colchón de endeudamiento de 80 millones que está sobre la mesa, en cuyo caso se alcanzaría ese punto de equilibrio y, cuando menos, se frenaría el crecimiento de la partida de deuda.

Habrá que esperar a la evolución de aspectos como la recaudación de las haciendas forales y a los efectos de la ralentización de la economía que se prevé sobre todo a partir del ecuador del año. La consigna es la prudencia, porque es pronto para vender la piel, pero el oso está a tiro y, evitando en todo momento tener que recortar el presupuesto, el Ejecutivo hará todo lo posible para no errar el disparo.

Si se consigue reducir la deuda viva se confirmará el paso dado en esa dirección el año pasado, cuando el crecimiento fue de solo 52 millones, la cifra más baja desde el estallido de la crisis y todo un alivio para las cargas en el futuro.

El pasivo financiero acumulado en estos momentos multiplica por 30 el que se registraba en 2007. En medio de una constante lluvia y con auténticos chaparrones, la deuda pública vasca ha pasado de unos discretos 300 millones de euros a los más de 9.130 millones actuales. En 2009 la maquinaria de endeudamiento aceleró en casi 1.600 millones y un año después el salto fue de más de 2.300 millones. Y cuando parecía que ya había pasado lo peor, llegó la recaída y en 2012 y en 2013 se rondaron los 1.000 millones. En medio, se produjeron incrementos anuales superiores a los 500 millones y en algunos casos a los 650 millones.

No fue hasta 2017, tres años después del inicio de la recuperación, cuando se logró frenar el avance y aún así la cifra engordó en 310 millones. De ahí que el repunte de 50 millones del año pasado tenga un gran valor y que la posibilidad de rebajar la factura de la deuda viva este ejercicio dibuje un escenario muy prometedor.

En estos momentos, el Departamento de Hacienda que dirige Pedro Azpiazu confía en no tener que volver a poner en marcha la máquina de endeudamiento este año. Ha adelantado a los primeros meses las dos emisiones previstas debido a la buena situación en los mercados y para anticiparse a la tormenta que se puede generar si los resultados de las elecciones generales que se celebran este próximo domingo arrojan un panorama difícil de gestionar.

Por ello, mientras el año pasado fue necesario atrasar a junio la emisión del primer Bono Sostenible Euskadi prevista para mayo, esta vez se ha lanzado el bono al día siguiente de su presentación con el objetivo de captar 600 millones de euros, cien más que el año pasado.

aliviar tensiones Si no se emite más deuda, se aliviará la tensión financiera. El Gobierno vasco cerró 2018 con una deuda de 9.134 millones, lo que supone un endeudamiento del 13,6% y convierte a Euskadi en la comunidad autónoma menos endeudada del Estado, cuya deuda media se sitúa en el 24,3%. El objetivo correspondiente a Euskadi para dar cumplimiento a las reglas de estabilidad presupuestaria para 2019 es un endeudamiento del 13,8%, y en estos momentos se está por debajo de esa cifra.

El crecimiento de la economía previsto para este año, junto al previsible ahorro en el endeudamiento, sitúan a la CAV en línea con la meta de consolidación fiscal. Para 2020, el objetivo de deuda respecto al PIB es del 13,2%, por lo que el Gobierno vasco considera que “se encuentra en una situación de claro y riguroso cumplimiento”, según defendió hace unas semanas el Departamento de Hacienda y finanzas en la presentación del Bono Sostenible.

En enero de este año, el consejero Pedro Azpiazu ya adelantó que su intención era aprovechar los años de vacas gordas, con los ingresos fiscales en máximos históricos -el balance de recaudación hasta marzo proyecta un nuevo récord en 2019- para reducir la deuda de cara a ganar margen para ejercicios menos expansivos.

Euskadi cerró el año pasado con un superávit de algo más de 500 millones. Un resultado positivo que permite activar al margen de los presupuestos las llamadas inversiones financieramente sostenibles, es decir, aquellas destinadas al ámbito social como la salud, educación, medio ambiente o la mejora de infraestructuras. El balance saneado permitió ya el año pasado destinar 54 millones extra a mejorar las unidades de Euskotren y a financiar material médico.

“Si en el futuro nos vienen mal dadas, tendremos un margen de endeudamiento adicional”, aseguró Azpiazu en el inicio del año. Hacia ese norte se avanza.