La ingeniería vasca, lastrada por las licitaciones a la baja

BILBAO - La recuperación económica, con crecimientos del PIB por encima del 2,5%, no acaba de llegar a todo el sector vasco de ingeniería y consultoría, según destacan las empresas agrupadas en la Asociación Vasca de Empresas de Ingeniería y Consultoría (Avic). Las citadas compañías, al igual que las del conjunto del Estado español, siguen con unas cifras de facturación inferiores a las que tenían al principio de esta década, en 2010. La generalización de las subastas a las baja en las licitaciones están lastrando las cuentas de resultados y los márgenes del sector que aboga por la modificación de este criterio apelando a las directrices europeas.

Con todo, el conjunto del sector vasco de ingeniería y consultoría, incluidas compañías que no están asociadas en Avic, logró aumentar un 3,8% su facturación en 2015 al pasar de 2.800 a 2.909 millones de euros.

Por su parte, las empresas agrupadas en Avic, entre las que están algunas tan conocidas como Idom, Sayma o LKS, vieron caer su facturación un 3,8% hasta los 748 millones de euros, cuando las previsiones iniciales contemplan un incremento del 3%.

El presidente de Avic, Aitor Alzola, achaca este estancamiento a aspectos vinculados a la contratación pública que están afectando negativamente al sector: “la competencia de empresas públicas, la adjudicación de licitaciones vía concesión o encomienda que afecta a la libre competencia y el uso generalizado de la subasta a la baja como criterio de adjudicación”.

Aitor Alzola y el director gerente de Avic, Luis Fernando Martínez de Miranda, dieron a conocer estos datos días pasados en el marco de la Asamblea General de Avic ante la treintena de empresas asociadas, compañías que emplean a más de 7.000 personas.

Las compañías privadas de ingeniería y consultoría están a la espera de la implantación en el Estado español de la directiva europea 24/2014 aprobada el 26 de febrero de 2014 sobre la contratación pública, -normativa que ha contado con dos años de carencia antes de su incorporación al ordenamiento vasco y español-, para poder repuntar el negocio en un escenario muy complejo y con una reducción significativa de las inversiones públicas por la crisis.

Para los responsables de Avic, uno de los factores que también ha incidido en la reducción de la facturación ha sido la elevada incertidumbre política-económica en países importantes para las compañías vascas del sector como pueden ser Brasil y los principales productores de petróleo, que ha incidido en la paralización de numerosos proyectos de inversión.

En este sentido no hay que olvidar que algo más de la mitad de la facturación, según Avic, viene de los mercados internacionales. En concreto, entre sus socios, el 52% de los ingresos son del exterior, un 34% del mercado vasco y un 14%, del español.

Un ejemplo de la debilidad del mercado en España pese al repunte económico es que el sector de ingeniería y consultoría español facturó el pasado año 3.653 millones de euros, 361 millones menos que en 2014, pero muy lejos de los 8.000 millones de euros del inicio de esta década en 2010

En el conjunto del sector vasco, incluidas las firmas no asociadas a Avic, el volumen de negocio se elevó a 2.909 millones, 109 millones más que en 2014, pero todavía por debajo de los 2.995 de hace seis años.

Uno de los temas que más preocupan al sector es el de las contrataciones públicas, pocas y a la baja.

El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV-EHU, Juan José Álvarez, ha presentado una ponencia en la asamblea de Avic sobre la importancia de implementar la normativa europea. Álvarez considera que “la puesta en marcha de la directiva europea sería una excelente noticia” pero reconoce que es complicado. “Además de incorporar elementos de transparencia, aportar valor en una licitación pública no es decir oferto el mismo servicio por una cuarta parte del precio de mi competidor”. Para el profesor universitario, lo barato puede salir caro. “Los costes derivados de un servicio de todo a cien o de dos por uno pueden repercutir después en el día a día de lo público y, por tanto de la sociedad”.

En su opinión, las administraciones públicas deberían ser conscientes de que “el concepto de oferta más ventajosa no se puede basar únicamente en el cálculo económico del precio, hay que pensar también en el valor social de la calidad de la oferta”.

Ante las acusaciones desde el sector privado de supuesta competencia desleal al sector público, Juan José Álvarez, considera que “hay que ser prudente”, a la vez que aboga porque “sea el sector público el que fomente y propicie la libre competencia” porque en temas como estos “la colaboración público-privada es fundamental”.

Álvarez advierte del riesgo de “banalizar” los servicios de ingeniería y consultoría por lo que defiende “prestigiar la profesión” y poner en valor su trabajo reivindicando la calidad del servicio para revertir el mensaje imperante en la actualidad de situar el “precio por el precio” como argumento casi único para adjudicar un contrato.

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