madrid. El Instituto Nacional de Consumo (INC) está estudiando emprender acciones contra Vodafone, Orange y Yoigo por no haber accedido a los requerimientos del organismo, que les pedía que eliminaran una cláusula abusiva en la modalidad de tarjetas prepago.

Esta cláusula a la que se refiere el organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, permite a las operadoras quedarse con los saldos no utilizados por el cliente bien por obligar a unos consumos mínimos o a unas recargas periódicas que, de no producirse, conllevan la pérdida del saldo disponible.

El INC señala que se pidió a nueve operadoras de telefonía móvil que cambiaran dicha cláusula al entender que la misma era abusiva. De ellas, seis han accedido al requerimiento y han suprimido la cláusula, por lo que se han archivado sus expedientes, mientras que otras tres no han atendido a la petición, razón por la cual el INC está estudiando distintas acciones a emprender con el fin de que también la supriman.

Fuentes de Orange consultadas por Europa Press han indicado que la compañía ha presentado alegaciones al requerimiento del INC al considerar que no existe "ninguna razón objetiva" para considerar como abusiva una práctica que "solo procura el uso razonable del espectro numérico, que es limitado", indica la compañía.

Además, las fuentes han recordado que en Francia una asociación de consumidores presentó una demanda por una cuestión similar ante los tribunales de justicia, que consideraron la práctica "perfectamente válida y legal, no lesiva para los consumidores".

Por su parte, fuentes de Yoigo indicaron que la firma devuelve el saldo a todo el que lo solicita tras la baja de la línea. "Hace algo más de un año eliminamos de las condiciones generales prepago la cláusula que nos permitía quedarnos con el saldo de la tarjeta si el cliente se daba de baja", puntualizaron.

En lo que respecta al consumo mínimo en prepago, Yoigo indica que es una característica de algunas de sus tarifas de prepago desde diciembre de 2006 y subraya que es "perfectamente legal".

Facua pidió a las autoridades autonómicas que impongan multas proporcionales a la cuantía del fraude y recuerda a los usuarios que pueden reclamar a las compañías la devolución del dinero que se hayan "agenciado" con estas prácticas, a la vez que exige a las autoridades competentes que velen por su reembolso.