SONDIKA. Después de unas tres horas de operativo, los agentes han desalojado al último trabajador sobre las 13.30 horas, lo que ha permitido a la comitiva judicial entrar en la nave y cambiar la cerradura.
El proceso de desahucio ha tenido algunos momentos de tensión, cuando un grupo de personas que estaba en el exterior ha intentado acceder a la nave, lo que ha obligado a los agentes antidisturbios a reducirles, entre empujones y forcejeos.
Los trabajadores, que llevaban encerrados desde el pasado 6 de mayo tras abortar un primer intento de embargo de la nave, han actuado con "resistencia pacífica" y sin enfrentarse con la policía.
Al menos dos agentes han tenido que ser atendidos por la ambulancia desplazada a la zona al sufrir cortes y otras heridas causadas al retirar los obstáculos para entrar en la nave.
Uno de los trabajadores veteranos también ha sido asistido al sufrir una pequeña bajada de tensión en el momento de ser evacuado.
La comitiva judicial, junto con uno de los dueños del pabellón, Jatsu Gimenez Breton, llegó al lugar sobre las 9.45 horas, escoltada por numerosos agentes.
Los miembros del comité de empresa, integrados por ELA, LAB y UGT, les esperaban con una pancarta en la que se leía: "Gure lanposteuen defentsan. Ez itxi" .
El presidente del comité de empresa, Jesús Alberto Llona, ha expresado su malestar al ser "el primer caso de la historia en el que se desalojan a unos trabajadores de una empresa sin haberles despedido".
"Nos desalojan por 250.000 euros, cuando el empresario debe varios millones a la Seguridad Social y al Gobierno vasco. Primero que paguen lo que tienen que pagar y luego que nos desalojen. A ellos no les hacen pagar", se ha quejado Llona en declaraciones a los periodistas.
Según el comité de empresa, al propietario del pabellón, la familia Bretón, se le adeudan 250.000 euros en concepto de renta por pago del pabellón, y ésta a su vez, debe 7 millones de euros al Gobierno vasco, 3,6 millones a la Diputación Foral y 7 millones a la Seguridad Social.
Antes de proceder al desalojo, un mando de la Ertzaintza ha advertido de que quien opusiera resistencia u obstruyera la labor policial, podía incurrir en un delito penal o administrativo.
Según han informado a EFE fuentes sindicales, aunque la plantilla de Troqulería del Norte la integran unas 120 personas, que llevan sin cobrar desde enero, los encerrados hoy en la nave se cifraban en unos 70.
Pasadas las 10.30 horas, los agentes se han adentrado en el pabellón por la parte de atrás y por la entrada de visitas, rompiendo la verja y algunos cristales.
Lo primero que han hecho ha sido retirar algunos muebles que los trabajadores habían colocado a modo de barricada.
Los agentes han ido luego buscando a los trabajadores por el pabellón, que estaban escondidos en las oficinas y entre la maquinaria. "Nos han ido cogiendo uno a uno. Han subido a la prensa a por nosotros y no nos hemos negado a bajar. Nos han llevado hasta el vestuario, nos han tenido 10 minutos y luego nos han sacado", ha relatado uno de los empleados.
Otro trabajador ha corroborado que el desalojo ha sido pacífico: "Ellos estaban haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Y ya está". A medida que han ido saliendo, los empleados han recibido los aplausos de los familiares y personas congregadas fuera, que han increpado a los agentes y a los miembros de la comitiva judicial: "Esto es un problema laboral y aquí no pintáis nada".
"¿No os da vergüenza echar a la calle a 120 familias?", ha recriminado uno de los manifestantes.
"Manos arriba, esto es un atraco", "Sinvergüenzas", "Los Bretones, a los tiburones" y "Nosotros somos obreros" han sido otros gritos coreados contra los ejecutores del desahucio y la familia propietaria de la nave.
Representantes sindicales de empresas afectadas por procesos de ajuste laboral, como Virtisú, Alfus o Incoesa han estado ante la nave de Troquenor expresando su solidaridad con los trabajadores de esta empresa. También ha estado el dirigente de Sortu Niko Moreno.
