BILBAO. La lucha antifraude fiscal será una de las herramientas fundamentales de la Diputación Foral de Bizkaia en el próximo ejercicio para intentar reequilibrar sus cuentas por la vía del aumento de los ingresos. La situación económica es tan delicada que no es aconsejable aumentar la presión fiscal.

De hecho, según explicó ayer Félix Ayarza, director de Hacienda, los expedientes de aplazamiento de pago presentados ante el fisco en 2012 se han multiplicado por cinco respecto a 2008, el primer año de la crisis. Con el "agravante" de que la erosión que han sufrido tanto las empresas como las familias durante los últimos cuatro años hace que quien solicita el aplazamiento se presente "en peores condiciones".

Ayarza participó ayer en la apertura de la jornada La empresa y el cierre fiscal de 2012. Novedades y aplicación práctica, organizada por APD, Oinarri y BBVA, con la colaboración y participación de los principales bufetes del país (Ernst & Young Abogados, Francisco Espinosa y Cía, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; PwC, Garrigues, Bufete Barrilero y Asociados y Deloitte).

Ayarza desgranó las principales novedades normativas fiscales aprobadas este año o en proceso de tramitación. "Nunca habíamos visto una cosa igual", expresó en referencia a los 15 decretos forales normativos aprobados a lo largo de 2012 a raíz de la crisis, que "está obligándonos a ejercer prácticamente de bancos", admitiendo demoras en las obligaciones tributarias.

El ente ha recurrido este año a la figura del decreto foral normativo por la premura de poner en marcha modificaciones que permitieran afrontar mejor la crisis. Es un mecanismo que tras aprobarse en consejo de gobierno foral, pasa a Juntas sin posibilidad de enmienda. Bizkaia tiene también en trámite un nuevo anteproyecto de norma de medidas antifraude, con la que pretende "cubrir los agujeros que se han estado utilizando para eludir determinados tributos".