Un total de 88 administraciones vascas han suspendido los pagos a Elkarkidetza

Donostia. Un total de 88 instituciones vascas -entre ayuntamientos, organismos y sociedades públicas y una diputación- han suspendido cautelarmente sus aportaciones a Elkarkidetza, la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de empleados públicos de Euskadi, y a la que están adheridas 478 entidades de las administraciones foral y municipal.

Según ha podido conocer este diario, esas 88 instituciones han comunicado a Elkarkidetza que dejan de realizar las aportaciones -no así sus empleados- en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes para la correción del déficit público aprobado en diciembre por el Gobierno de Mariano Rajoy, que prohibe a las administraciones, entidades y sociedades públicas efectuar durante este año transferencias a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

La Junta de Gobierno de Elkarkidetza abordó el pasado día 17 la situación de "incertidumbre" entre sus socios protectores -las instituciones- a raíz de la entrada en vigor de ese decreto. Viendo que casi dos de cada cinco entidades públicas han optado por suspender de forma cautelar sus aportaciones hasta que el Gobierno aclare si la norma aprobada afecta a Elkarkidetza, con una naturaleza jurídica especial, la Junta de Gobierno de la EPSV ha trasladado a sus asociados que aplazará la tramitación de las prestaciones si han optado por no abonar la cuota institucional mensual.

Elkarkidetza -a la que están adscritos alrededor de 22.900 trabajadores públicos (unos 7.700 en Gipuzkoa, 10.400 en Bizkaia y 4.800 en Araba) y reparte prestaciones a cerca de 3.700 pensionistas- ha dejado de percibir un total de un millón de euros de las 88 instituciones que han paralizado los pagos y en las que trabajan unos 5.700 funcionarios. Según ha podido saber este periódico de fuentes sindicales, entre ellas se encuentran la Diputación de Bizkaia y los ayuntamientos de Bilbao, Errenteria y Azpeitia.

Ese millón de euros no ha sido trasladado, obviamente a las cuentas de los socios cotizantes -los trabajadores públicos- de esas 88 instituciones. Lo que sí se ha tramitado es el dinero que esos funcionarios han aportado de sus nóminas para destinarlo a Elkarkidetza, a pesar de que la entidad pública en la que trabajan ha suspendido su pago a la EPSV. El régimen de la entidad de previsión vasca establece que el empleado y la institución en la que desarrolla su actividad contribuyen a partes iguales a Elkarkidetza, concretamente un 3,5% cada uno de la cantidad correspondiente en el salario a la categoría profesional. Esas cantidades oscilan entre 60 euros y 120 euros mensuales, dependiendo del nivel de cotización del funcionario, a abonar en 14 pagas al año. Así pues, un empleado aporta a Elkarkidetza entre 840 y 1.680 euros anuales, la misma cuantía que la institución pública.

Confusión legal A principios de mes la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, recomendó a los ayuntamientos de Euskadi que suspendieran de forma cautelar la aportación mensual a Elkarkidetza. Por su parte, el Gobierno Vasco ya ha manifestado que dejará de transferir a Itzarri -la EPSV de los funcionarios de Lakua- el dinero que le corresponde mensualmente, al estimar que el decreto del Ejecutivo central afecta a esa entidad de previsión.

No considera lo mismo Elkarkidetza, que ha recabado la opinión de expertos jurídicos, los cuales aseguran que las EPSV, sistema propio de Euskadi, no tienen por qué considerarse "planes de pensiones de empleo", que es el tenor literal al que se refiere el decreto de Rajoy.

Asimismo, esa norma prorroga los Presupuestos Generales del Estado de 2011 y modifica varios artículos del proyecto de ley de Presupuestos para 2012. En este último texto legal se recoge una disposición transitoria que establece que los planes de pensiones creados antes de 2003 -como es el caso de Elkarkidetza, que el año pasado celebró sus bodas de plata- no ser verían afectados por la prohibición establecida para 2012 y así las instituciones públicas que a ellos estuvieran adheridos seguirían realizando sus aportaciones. Según fuentes de Elkarkidetza, además existe jurisprudencia que avala la tesis de que el decreto del Gobierno central no afectaría a la entidad de previsión vasca.

Por todo ello, Elkarkidetza esperará a que la confusión existente en la CAV sea aclarada por el Gobierno central, que debería pronunciarse antes de que termine marzo, plazo que tiene para la presentación definitiva de los Presupuestos de 2012.

Situaciones distintas La Junta de Gobierno de Elkarkidetza acordó que, si la decisión final del Ejecutivo central se decanta por permitir las aportaciones institucionales a entidades de previsión como ella y las administraciones públicas adecúan sus cuotas con efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado -esto es, se ponen al día con las aportaciones suspendidas- entonces "los socios cotizantes recuperarán sus derechos económicos y los derechos en las prestaciones de riesgo". Estas últimas son las dedicadas a incapacidad y fallecimiento y suponen el 10% de la aportación total; el 90% restante es para la futura renta vitalicia del funcionario.

En el caso de que el Gobierno determine que la prohibición abarca a las EPSV, "los socios mantendrán los derechos correspondientes a las cuotas abonadas y se establecerá el mecanismo más adecuado para mantener las prestaciones, incluida la de riesgo, desde el 1 de enero de 2012".