bilbao. La declaración ayer del actual diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y su antecesor en el cargo, Josu Bergara, generó mucha expectación mediática pero apenas aportó nada al proceso judicial que se sigue con el exjefe de Inspección, Juan Ramón Ibarra.

Ambos declararon como testigos a petición de la defensa en el juicio que se sigue contra Ibarra por presunta prevaricación y cohecho al supuestamente favorecer a contribuyentes en sus declaraciones tributarias y contra tres subordinados acusados de prevaricación, delitos continuados de falsificación e infidelidad en la custodia de documentos. Las preguntas del abogado se centraron en demostrar que el acusado desempeñaba correctamente su trabajo. Para ello, repitió el esquema con los dos preguntándoles si habían recibido alguna queja referida a Ibarra por parte de sus superiores o del personal a su cargo. Tanto Bergara como Bilbao dijeron no tener constancia de queja alguna.

Siguiendo por esa línea, la defensa preguntó por el criterio de designación del subdirector de Inspección. Se trata, explicaron ambos, un cargo no político que designa el diputado de Hacienda entre los funcionarios que "cumplen los requisitos" para desempeñar esa función. Ibarra fue ascendido a ese cargo en 1983 durante el gobierno de José Alberto Pradera, y Josu Bergara primero y el actual diputado general después heredaron al jefe de inspección.

A José Luis Bilbao le preguntó además por los motivos por los que la Diputación decidió el año pasado no presentarse como causa en el proceso judicial. Bilbao recordó que los letrados contratados por el ente foral participaron en la instrucción de la causa y que de "motu proprio" elaboraron un informe jurídico en el que aseguraron que no observaban ningún indicio de delito en la actuación de Ibarra.

Con ese informe en las manos, los servicios jurídicos de la Diputación recomendaron abandonar el proceso, si bien se dejó abierta una reserva de acción civil, una puerta para volver sumarse al proceso sin aparecían nuevas pruebas incriminatorias.

informe absolutorio Los letrados contratados por la Diputación, adscritos al bufete del actual presidente de BBK, Mario Fernández, que participó en la fase inicial, consideran que los hechos que se le imputan al ex subdirector de Inspección no acarrearon ningún daño ni a los contribuyentes ni a la administración y que por tanto no existe delito.

La fiscal, por su parte, preguntó al actual diputado general en relación a su papel en la elaboración del informe jurídico. Bilbao insistió en que lo elaboraron los abogados contratados tras la instrucción y sin que nadie se lo pidiera y negó haber condicionado de alguna forma la opinión de los letrados.