MADRID. La prestación de 426 euros para desempleados que se han quedado sin cobertura ha sido otorgada en los últimos once meses -desde su puesta en marcha- a 615.771 personas, aunque sólo el 30,7% de los beneficiados (189.000) encontró trabajo. Estos son los datos ofrecidos ayer por el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que acordó ampliar por otros seis meses esta prestación. La prórroga de la prestación, que el mes pasado daba cobertura a 300.000 personas, costará 420 millones de euros y Trabajo calcula que dará cobertura a 219.000 personas.

En cualquier caso, la prestación alcanzará a menos parados, ya que, según denunció el sindicato UGT, el Gobierno español ha introducido un requisito nuevo ya que quienes tienen entre 35 y 45 años deben tener cargas familiares para recibir la ayuda, condición no exigida hasta ahora. Según los cálculos del sindicato liderado por Cándido Méndez, los datos aportados por el Ejecutivo suponen un 25 por ciento menos de beneficiarios.

Más allá de cuanto supone de ayuda económica a un colectivo, el de los parados con cobertura por desempleo, que en el Estado ronda el millón y medio de personas (cerca de 60.000 en Hegoalde), los datos ofrecidos por el ministro ponen en entredicho la política de inserción laboral desarrollada por el Gobierno a través de este programa de protección al desempleado. A la luz de los números ayer ofrecidos, en el último año sólo uno de cada tres parados que ha percibido la prestación ha conseguido entrar en el mercado laboral. Los otros dos permanecen anclados en el paro.

Corbacho admitió que con los resultados de este estudio se decidirá si se vuelve a prorrogar o no la prestación de 426 euros, mientras que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que con las conclusiones de dicho informe "se articularán nuevos mecanismos" para hacer más eficaz la inserción laboral.

OFERTAS DE EMPLEO Quizás por ello, el ministró de Trabajo anunció la intención del Gobierno español de penalizar a los desempleados que no hagan cursos de formación o rechacen ofertas de empleo con la retirada de la prestación. En el caso de que no se cumplan los requisitos, es decir, que no se acepte un curso de formación, no se quiera participar en itinerarios laborales o se rechacen ofertas del Servicio Público de Empleo, podría ser, efectivamente, objeto de la retirada de la prestación", señaló Corbacho tras el Consejo de Ministros.

Corbacho recordó que la actual legislación ya contempla una serie de sanciones para los beneficiarios de estas prestaciones que se niegan a cumplir los requisitos, aunque el Gobierno entiende que hay que caminar hacia un mayor peso de las políticas activas de empleo en el funcionamiento del mercado laboral. De hecho, el grupo socialista ha presentado una enmienda a la reforma laboral a su paso por el Senado que obliga a los desempleados a atender a los cursos o actividades de motivación e inserción laboral desde el primer día que cobren la prestación si no quieren ser sancionados.

Esta enmienda, que propugna la pérdida de la prestación si el desempleado rechaza estas acciones durante los tres primeros meses, no ha gustado a los sindicatos, que entienden que mejorar la ocupabilidad de los parados no pasa por sancionarles, sino por aumentar la inversión en políticas activas de empleo para adecuarlas a las necesidades del mercado de trabajo.

El titular de Trabajo recordó que la intención del Ejecutivo es mejorar las políticas activas de empleo -a ello se comprometió el presidente del Gobierno en su comparecencia tras despachar con el rey este verano- y por eso se tienen que analizar todas las prestaciones para ver cómo mejorar la reinserción de sus beneficiarios. El futuro, insistió, no puede pasar sólo por la protección al desempleado, sino también por las políticas activas de empleo.