Cultura ya tiene en su poder el informe de Memoria Democrática que defiende extinguir la Fundación Franco

Así se desprende de la nueva respuesta que el Ejecutivo ha enviado al diputado de ERC Francesc Marc Álvaro, quien solicitó más detalles sobre este asunto después de que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegurara en el Pleno del Congreso que confiaba en que todo el proceso para que el Gobierno pudiera instar la extinción estuviera concluido "en el presente ejercicio".

En aplicación de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno abrió un periodo de actuaciones previas el pasado mes de junio para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el Ministerio de Cultura, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción, y en concreto solicitó informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Según el plan diseñado por el Gobierno, tras recabar esa información, se iba a abrir el procedimiento, comunicando el expediente a la fundación, con un plazo para que formule alegaciones. También se acordó solicitar un informe a la Abogacía General del Estado.

El ministro de Memoria Democrática ya explicó en el Congreso en marzo que su departamento había elaborado un primer informe, pero que después tuvo que complementarlo para poder "armar el expediente" ante "circunstancias y vericuetos legales" que pudiera utilizar la fundación, que cambió sus estatutos el año pasado.

También avanzó que la Abogacía del Estado había concluido su informe y que lo enviaría a Cultura "de la manera más inmediata posible". Según señaló entonces, una vez que el departamento de Ernest Urtasun tuviera todos los papeles "se procederá a formular la extinción a las estancias judiciales".   

ELEMENTOS JURÍDICOS, HISTÓRICOS Y TESTIMONIALES

Ahora el Gobierno ha detallado a Álvaro Vidal, en una repuesta recogida por Europa Press, que el informe mediante el cual el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ve procedente que se inste judicialmente la extinción de la fundación ya ha sido remitido al Ministerio de Cultura.

En ese documento, elaborado tras "recabar y analizar elementos jurídicos e históricos, de carácter documental y testimonios", el departamento que dirige Torres señala no sólo que procede instar la extinción sino que también ve pertinente que "se solicite, en su caso, la suspensión provisional de las actividades de la misma hasta que se dicte sentencia". Es decir, se podrán pedir las "medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades".

Así, el ministerio que dirige Torres concluye que concurren las causas previstas en el supuesto legal de extinción de fundaciones establecido en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, es decir, que esta fundación "no persigue fines de interés general" y sus actividades son contrarias al mismo.

Es más, ese documento constata que no sólo hace "apología del franquismo", "ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes", sino que además incurre en "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".