“Esto es un sin vivir”, declaraba ayer miércoles Maritxu Bilbao, propietaria del número 15 de la calle Memerea de Muskiz que durante un año ha estado okupada de manera ilegal y que recobró su derecho sobre la propiedad el pasado 24 de septiembre si bien “el pasado día 12 los mismos okupas desahuciados intentaron acceder de nuevo a la propiedad. Menos mal que gracias a la alarma privada la Policía Municipal abortó el intento de esta nueva okupación”, relataba esta muskiztarra que, a pesar de haber obtenido una orden de alejamiento de los antiguos okupas, no las tiene todas consigo.
“A mí, echarlos de mi casa me ha supuesto más de 1.200 euros en gastos judiciales y encima me he encontrado con una casa desguazada. Me han roto todo el mobiliario, se han llevado hasta la vitrocerámica, me han hecho agujeros inexplicables en las paredes e incluso me han dejado una caja fuerte que según la Policía Municipal puede haber sido sustraída en alguna empresa”, lamentaba Maritxu.
Los okupas se metieron en la planta baja de la casa el día 5 de octubre de 2020 y “se grabaron en el inmueble, por lo que el día 12 de octubre cuando fue la policía -después de que un vecino me alertara de forma anónima de la okupación- no pudo hacer nada porque ya llevaban un plazo superior al que estima el allanamiento de morada”, denuncia esta propietaria que a pesar de la orden judicial ejecutada el pasado 24 de septiembre, no puede hacerse cargo de manera efectiva de su propiedad.
“Antes de la okupación tuve una inquilina que de buenas a primeras dejó de pagar argumentando que la casa no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad. Cierto es que en la planta superior hubo una avería de agua que afectó al baño de la planta baja pero, curiosamente, cuando el seguro acudió a la vivienda para llevar a cabo la reparación, la mujer se negó. Entonces dejó de pagar y de pronto desapareció. Poco después es cuando los okupas aparecieron en la propiedad y se instalaron en ella”, relata Maritxu que no duda en señalar que “no soy muy de creer en las casualidades”.
Esta situación previa a la okupación que ha sido resuelta por el juzgado supone sin embargo que, a pesar de la sentencia que da por zanjada la usurpación de la vivienda y restituye el derecho de la propiedad, ha quedado mediatizada hasta que se resuelva el litigio emprendido por la anterior inquilina legal de la parte baja de la finca -el inmueble tiene dos alturas- que la ha demandado por considerar que la vivienda “no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad”.
“Esta inquilina me ha demandado por más de 4.000 euros de indemnización”, protesta Maritxu, que dejó de percibir varios meses de alquiler legal -cuyo contrato finalizó el pasado 12 de octubre- y luego ha estado casi un año con su propiedad okupada “a coste cero y teniendo yo que hacerme cargo de los gastos e impuestos”. Fuentes municipales señalaron que el Ayuntamiento “ha articulado todas las medidas que están a nuestro alcance” para tratar de solventar esta situación.
“Me han okupado la casa durante un año sin pagar un duro mientras que yo he tenido que abonar los gastos e impuestos”
“Echarlos me ha costado más de 1.200 euros en gastos judiciales y la casa está destrozada”
Propietaria de una casa okupada
