Bilbao - El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) considera “limpias” las cuentas de la Diputación y el sector público foral por segundo año consecutivo. El vicepresidente del órgano fiscalizador, José Ángel Quintanilla, contextualizó las siete salvedades detectadas en el volumen de operaciones analizadas y advirtió de que las deficiencias detectadas “no son significativas, ni afectan de manera relevante al cumplimiento de los principios legales que rigen la actividad económico-financiera del territorio”.

El vicepresidente compareció en las Juntas Generales para dar cuenta, a petición de EH Bildu, del informe de fiscalización de Bizkaia de 2017, en el que no participó su presidente, José Luis Bilbao, toda vez que este debe inhibirse en las actuaciones referidas a la Diputación por su cargo al frente de esta institución entre 2003 y 2015. Esta fiscalización, que se realiza todos los años, tiene como objetivo verificar la adecuación al ordenamiento jurídico de la actividad económico financiera de la Diputación y todo el sector público foral del territorio.

Según detalló Quintanilla, fueron analizados 31 expedientes de contratación administrativa, con adjudicaciones por 232 millones de euros; cuatro acuerdos marco, por 47 millones; tres expedientes del IFAS, por 350.000 euros; 32 del sector público foral, y subvenciones por valor de 87 millones de euros. Tras el trabajo, el TVCP constató que la Diputación “ha cumplido razonablemente la legalidad que regula su actividad económico-financiera”, pese a las siete salvedades detectadas. Dos de ellas se refieren a los gastos de personal, ya que el tribunal considera que las primas de jubilación voluntaria no deberían estar exentas del IRPF y que el incremento del 1% de las retribuciones de los funcionarios forales mediante el complemente específico para devolver la deuda por pérdida de poder adquisitivo durante la crisis “altera la naturaleza del complemento específico”. También observa la realización de un contrato indefinido en Seed Capital “sin que existiera plaza de plantilla vacante” y varias entidades públicas contrataron suministros y servicios sin respetar los principios de publicidad y concurrencia. - A. Atxutegi