BILBAO. Este cambio supondría un aumento del 20 % de su sueldo, según ha expuesto Gil, quien, sin embargo, ha remarcado que no interferirá en la negociación colectiva entre la empresa y los trabajadores, colectivo que ha protagonizado diversas movilizaciones en protesta por su situación de precariedad laboral y el elevado número de horas extras que llevan a cabo.
Gil ha comparecido este miércoles ante la comisión correspondiente, a petición de EH Bildu, para dar cuenta de este conflicto laboral que, en su opinión, se encuentra "en vías de solución", ya que ambas partes se han citado para el próximo 13 de septiembre.
Ha resaltado que los "desajustes" laborales pueden venir del "uso intensivo" de este servicio gratuito, que hace un año registraba 506 alquileres al día y en la actualidad acumula 6.000. Durante el pasado mes de julio se alcanzó la cifra de 1.073.000.
"Este dato es un éxito", ha dicho, y tras afirmar que la empresa ha contratado recientemente a ocho personas más, ha hecho un llamamiento a ambas partes para que "hagan un esfuerzo" y alcancen un acuerdo.
Ha asegurado también que los trabajadores "no padecen condiciones indignas" y ha añadido que en el caso de que apreciara una vulneración de derechos o que la empresa no cumpliera sus compromisos "entraría en la negociación" y "no le temblaría el pulso".
"Pero a día de hoy no veo esas circunstancias", ha precisado.
Por parte de EH Bildu, la concejala Jone Goirizelaia ha constatado que los trabajadores "están desbordados" y ha planteado una "gestión directa" por parte del Ayuntamiento porque "las licitaciones baratas pasan factura en derechos de los trabajadores".
Xabier Jiménez, de Elkarrekin Podemos, ha destacado también que con la actual plantilla, incluidos los 8 nuevos contratos, los empleados "no llegan a todo", lo que, según ha dicho, "pone en riesgo la calidad del servicio", por lo que ha pedido la "implicación" del consistorio en la negociación" a la vez que ha apostado por una gestión directa.
Carlos García, del PP, ha recordado, por su parte, que hace 12 años el pleno municipal aprobó por unanimidad aplicar cláusulas sociales en las contrataciones públicas y dichas cláusulas "no se han aplicado".
