Bizkaia ha defendido este jueves en Bruselas la necesidad de mantener la inversión europea en servicios sociales, a través de un Fondo Social Europeo Plus (FSE+) "fuerte, independiente y con financiación suficiente" como herramienta "clave" para sostener la inclusión social, modernizar los servicios sociales y dar respuesta a los grandes retos demográficos y sociales que afrontar los territorios europeos. "Si la financiación social pierde identidad propia, existe un riesgo real de que las prioridades vinculadas a la inclusión, la lucha contra la pobreza o el apoyo a las personas más vulnerables queden relegadas frente a otras políticas con mayor capacidad de tracción presupuestaria", ha advertido la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi.
La responsable foral ha participado en una mesa redonda sobre el futuro del próximo Marco Financiero Plurianual, impulsado junto a miembros de la Eurocámara y con la participación de la Red Europea de Servicios Sociales y que ha reunido a representantes de instituciones europeas, administraciones regionales y locales, y responsables de servicios sociales públicos. El objetivo de la misma ha sido debatir el futuro del próximo presupuesto comunitario y, en particular, del papel del FSE+ en la inclusión social y en el fortalecimiento de los servicios sociales en Europa. Ese marco financiero fija las grandes prioridades del presupuesto de la Unión Europea y determina qué capacidad tendrán las instituciones para responder a desafíos como el envejecimiento, la pobreza, la exclusión o la necesidad de reforzar los cuidados de larga duración.
La Diputación ha mostrado su preocupación por cómo se articulan esos fondos, ya que afecta "directamente" a la capacidad para mantener los servicios sociales. "La inversión en servicios sociales no es gasto, es inversión", ha mantenido Antxustegi, que ha advertido de los riesgos que supondría diluir el FSE+ dentro de instrumentos más amplios, recogida también por la Red Europea de Servicios Sociales. La declaración oficial de esta entidad recuerda, además, que entre 2021 y 2027 el FSE+ reserva al menos un 25% de sus recursos a inclusión social, un 5% a la lucha contra la pobreza infantil y un 3% a ayuda material, "salvaguardas que no aparecen con la misma claridad en la nueva propuesta de la Comisión Europea".
Prioridades "protegidas"
Para la Diputación, preservar un fondo social específico es importante no solo por una cuestión financiera, sino también política y de modelo institucional. "Para las regiones y ciudades, contar con un fondo específico para la inclusión social garantiza que estas prioridades sean visibles, estén protegidas y se implementen de forma efectiva", ha defendido Antxustegi. También ha destacado el papel de las instituciones regionales y locales en la definición de los programas europeos. "Somos las administraciones más cercanas a la ciudadanía y quienes diseñamos e implementamos los servicios sobre el terreno", ha recordado, para añadir que esta participación no es solo deseable sino "imprescindible" para que las políticas europeas sean eficaces.
"Si queremos una Europa más fuerte, más resiliente y más inclusiva, necesitamos un presupuesto que refleje esas ambiciones", ha abogado, reclamando situar a los servicios sociales y a las personas "en el centro" de la construcción europea. "Defender una dimensión social fuerte en el próximo presupuesto europeo es una prioridad política coherente con el modelo de cohesión social, inclusión, innovación y fortalecimiento de los cuidados y los servicios de proximidad que viene impulsando".
