Las Juntas Generales de Bizkaia acogieron ayer un debate tan importante como espinoso: la atención a menores con problemas de diversa índole en su núcleo familiar y que requieren del acompañamiento de la Diputación de Bizkaia. Su situación es más que difícil, pero la respuesta del conjunto de administraciones tampoco es sencilla y el ente foral es la red que al final debe protegerlos del golpe. Todo ello además en un contexto en el que aumentan los casos, que cada vez tienen mayores implicaciones psicológicas.
“Llevamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Queremos llegar antes y vamos a agilizar los procedimientos”. Las palabras son de la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, en la comisión en la que se analizó esta cuestión. Las trabajadoras del servicio de atención a la infancia de Bizkaia denunciaron a finales del mes pasado la “saturación” del sistema y retrasos en la tramitación de los expedientes de menores vulnerables que necesitan un centro público o una casa de acogida para superar su situación. Según indicaron las profesionales del servicio, hay 171 menores en lista de espera que aguardan hasta un año para recibir atención. Antxustegi aseguró ayer que tras las últimas actuaciones están en esa situación 112 jóvenes.
Ampliación de recursos
El problema es complejo y cada caso requiere de una respuesta casi a medida, lo que dificulta y ralentiza los procesos, que en ocasiones conllevan de la participación de diferentes administraciones, incluida la fiscalía de menores, recordó Antxustegi. Ante esa situación, la diputada de Acción Social anunció la ampliación de los recursos del servicio.
Por un lado está prevista la “próxima incorporación” de un trabajador social ya presupuestado y la creación de un equipo de refuerzo adicional compuesto por un trabajador social y una psicóloga. Además, se procederá a la estabilización de plazas mediante concursos para jefaturas y direcciones de hogares, y se reforzará la Unidad de Atención y Recepción (UAR) con una psicóloga para “atender la complejidad de los casos”.
Además se habilitarán más plazas de atención en los centros ya existentes y se procederá a la apertura de nuevas instalaciones. Se trata de ajustar las piezas y colocar otras nuevas. De modo que Antxustegi pidió “tiempo para mejorar la situación” y aseguró que la Diputación “trabaja en ello”.
El camino por recorrer
Su comparecencia en la Comisión de Acción Social fue respuesta a dos preguntas de Elkarrekin Podemos y EH Bildu. El debate, pese a las críticas de la oposición, se mantuvo dentro de unos cauces de relativo entendimiento. Antxustegi reconoció que hay camino por recorrer y que a Bizkaia le gustaría ir más rápido. Pero hay obstáculos como el descenso de los hogares que forman parte de la red de acogida.
En ese punto, la diputada de Acción Social explicó que se ampliarán las charlas a las familias al conjunto del herrialde, no solo a Bilbao, y que se reforzará la apuesta por los canales digitales para explicar los incentivos. Del mismo modo, Bizkaia aplica la normativa estatal “dentro de sus competencias de forma rigurosa”, lo que también limita su capacidad para “agilizar” los procedimientos.
“Claro que son muchos expedientes” pendientes de una respuesta definitiva, reconoció Antxustegi, ante las críticas de otros partidos. Por ello, se plantea que el personal del servicio asuma más procedimientos y la ampliación de la plantilla. Teniendo en cuenta en todo caso los límites que marca los protocolos de salud laboral de las trabajadoras y los protocolos de descanso que se activan cuando sufren una agresión física o psicológica.
También reconoció el “tensionamiento” del Sistema Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia, pero los recursos públicos no pueden “expandirse con la misma velocidad con la que emergen nuevas y complejas necesidades sociales”.
La oposición
La portavoz del Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, denunció que la crisis del Servicio de Infancia no es un problema coyuntural reciente, sino una situación “estructural” que el personal lleva denunciando desde hace diez años. Asimismo, De Madariaga censuró que la Diputación se “limite a aumentar plazas en recursos ya existentes en lugar de crear nuevas infraestructuras”, por lo que instó a la institución a realizar un diagnóstico real y un plan de recursos humanos ajustado a la complejidad de los perfiles actuales.
Por su parte, la juntera de EH Bildu Bea Ilardia acusó al Departamento de Acción Social de una “falta de planificación y previsión alarmante”, señalando que el “colapso” del sistema persiste a pesar de las medidas que la diputada afirma haber implementado. Ilardia calificó de “impresionante” que existan 112 expedientes en situación de “ralentización”, recordando que se trata de menores “en riesgo grave” que carecen de una intervención técnica efectiva y de un coordinador de referencia.
El trazo más grueso del debate lo puso Raquel González (PP) con una “voz de alarma” ante “una situación insostenible”. “No es discrepancia política, es mala gestión, por una inversión escasa y un conformismo pavoroso” por parte de la Diputación. González pidió que, más allá de la reestructuración del servicio, se pongan en marcha “actuaciones provisionales de urgencia” en un “sistema que está fallando”.
En su respuesta, la diputada foral de Acción Social, pidió a la líder del PP vizcaino que “mida sus palabras”. Así, Antxustegi subrayó el ejercicio de “transparencia” realizado durante su intervención y rechazó las acusaciones de “pasividad”. En esa línea pidió a la oposición que “no caiga en la tentación de convertir en ruido una cuestión tan importante”.
