El aumento de viviendas de uso turístico ha conllevado que los vecinos estén ojo avizor y cada vez denuncien más las actividades susceptibles de ser ilegales. Así, hasta octubre de este año, el Gobierno vasco ha impuesto 79 sanciones en Bilbao y 60 en Bizkaia por incumplimientos en la normativa específica para viviendas de uso turístico. Se trata de una cifra muy superior a la registrada en 2023, cuando en Bilbao se tramitaron 4 y en Bizkaia, 22. Este control férreo que se está llevando a cabo desde Lakua coincide con el debate abierto sobre la sostenibilidad de esta actividad turística, que está generando fricciones con el derecho a la vivienda de los vecinos. El Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, ha optado por curarse en salud paralizando “cautelarmente” la concesión de nuevas licencias a pisos y habitaciones turísticas mientras inicia un periodo de reflexión para incorporar nuevas restricciones a su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según los datos aportados por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo a las preguntas realizadas por el grupo popular, a lo largo de los últimos años se han abierto numerosos expedientes sancionadores, tras constatar con motivo de una inspección que podía darse una posible infracción. Si en 2020 fueron 27, esta cifra ha ido creciendo: en 2021 fueron 82; en 2022, 97; en 2023, 93; y en 2024 (hasta el 31 de octubre), 393. En ese sentido, cabe destacar que son las viviendas y las habitaciones de uso turístico las que más expedientes sancionadores conllevan. De hecho, en lo que va de año se han tramitado ya 406 sanciones (en un mismo expediente se pueden dar varias sanciones). En Bilbao han sido 79 en viviendas turísticas y 15 en habitaciones turísticas; y en Bizkaia, 60 en viviendas turísticas y 2 en habitaciones turísticas.

El Gobierno vasco dispone desde 2019 de un buzón contra el fraude en las viviendas para uso turístico con el que cualquier ciudadano, de forma anónima, puede elevar denuncias si tiene sospechas de que se está ejerciendo la actividad de forma clandestina. Los motivos para llevar a cabo estos chivatazos pueden ser varios: alojar a más personas de las que corresponden o porque no ha colocado el distintivo, entre otras cuestiones. Además, el Gobierno vasco recibe también denuncias formales tramitadas como tales (suelen proceder de vecinos o de comunidades de propietarios) y, a su vez, tiene potestad para iniciar los procedimientos de oficio, sin que medie una denuncia previa.

Este control se está intensificando y, de hecho, la nueva legislación de la Unión Europea obligará a las plataformas como Airbnb a compartir sus datos, lo que resultará de gran ayuda para dar con aquellos pisos que se anuncian sin estar registrados debidamente. Paralelamente, el Gobierno vasco ha anunciado que reformará la Ley de Turismo durante este legislatura con el objetivo de reforzar la inspección y el control a las viviendas de uso turístico y a las plataformas que las comercializan y que hasta ahora han actuado con impunidad. Actualmente el Departamento dispone de una plantilla de 14 inspectores de turismo y de comercio: 2 en Araba, 5 en Bizkaia y 7 en Gipuzkoa. Asimismo. El objetivo será adaptarse al Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración.

Según anunció Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, con ello pretenden “reforzar el cuerpo inspector, para poder hacer un exhaustivo seguimiento a las incorporaciones de viviendas de uso turístico, sin dejar de lado la inspección del resto de alojamientos turísticos”. Por otro lado, buscan “mejorar la graduación de las sanciones en la propia Ley, para optimizar la adecuación entre la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y la sanción aplicada”. Así, los inspectores deben vigilar que estas viviendas cumplan con las condiciones impuestas por el Gobierno vasco pero también con la regulación específica que pueda haber en los municipios, que tienen autonomía para hacer aún más restrictivas las condiciones.

En el caso de Bilbao, por ejemplo, donde actualmente hay 1.072 viviendas de uso turístico y 291 habitaciones de uso turístico registradas en el REATE (Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi), el Consistorio ha optado por suspender “cautelarmente” las nuevas licencias durante un año. De esa manera, se está llevando a cabo un periodo de reflexión para analizar si se deberían tomar medidas aún más restrictivas. Aunque Bilbao ya cuenta con una limitación desde 2017 en su PGOU, que determina que el establecimiento de esta actividad solo está permitido en primeras plantas de edificios residenciales, la más que apreciable propagación de los últimos años ha llevado a la administración municipal a replantear su normativa. Sobre todo porque aunque esa restricción es aún mayor en el Casco Viejo y Bilbao La Vieja –donde solo se permite un uso turístico por edificio–, ello no ha impedido que sean los barrios con más actividad.