La comisión extraordinaria de Territorio de Getxo, celebrada para profundizar en el derribo del inmueble de San Nicolás 11, certificó, entre otros aspectos, que la promotora no contaba con el proyecto de ejecución. “No se llega a aprobar”, recalcó el concejal de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza. Tampoco se firmó el acta de replanteo, que es el paso que autoriza el inicio de la obra. Lo que ocurre es que los responsables sí tenían la licencia de construcción que les permitía empezar a preparar el terreno –con el desbroce y otras tareas de limpieza y de seguridad–. Sin embargo, las máquinas llegaron a efectuar un socavón y a derruir el edificio, por motivos de seguridad, en este caso, según alegó la cooperativa.

Esta es, en efecto, una de las muchas cuestiones que rodean a este polémico episodio. Fueron más de 100 las preguntas formuladas por EH Bildu y Elkarrekin Podemos –que reclamaron la convocatoria de esta comisión– tanto a Urkitza como a la concejala del Área de Infraestructuras, Obras y Servicios, Janire Ocio, y al edil de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Álvaro González. Ambas formaciones políticas también habían solicitado la presencia de la alcaldesa, Amaia Agirre, y de los dos concejales que son cooperativistas, pero no asistieron. La primera edil sí respondió por escrito a las dudas planteadas. Los ediles, mientras tanto, consideraron que el grueso de ellas pertenecían a su esfera personal y declinaron contestarlas “por prudencia al haberse llevado el caso a la Fiscalía por parte de EH Bildu”, según trasladó Ocio. Así, ni la coalición ni Elkarrekin quedaron satisfechas con las explicaciones. “Ha sido una comisión de mínimos por voluntad política”, enfatizaron Ibon Rodríguez Larrinaga y Xabier Benito.

Las incógnitas se ciernen, por un lado, en por qué la promotora, solo con la licencia de construcción aceptada, llegó a realizar, supuestamente, una excavación que hasta rompió una tubería. “La limpieza, la protección del lugar, el vallado, el desbrozado... son labores que se ejecutan sin el acta de replanteo. Hay que diferenciar entre esa preparación de terreno, que es un concepto que tiene amplitud, y el inicio de obra”, apuntó Álvaro González, que, eso sí, admitió que el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento –que ahora se instruye– determinará si la sociedad se sobrepasó con las acciones que podía llevar a cabo solo con ese permiso. La cooperativa no recibió el visto bueno a su proyecto de ejecución y al acta de replanteo porque el Consistorio pidió la subsanación de cierta documentación. De todas formas, la oposición echó en cara al equipo de gobierno que nadie se percatara “en ocho meses” de que los trabajos habían alcanzado esas dimensiones. En lo que no hay dudas es en que el derribo del palacete contraviene el proyecto básico –que da pie a la licencia de obra y que es distinto al de ejecución– y de ahí que esta promoción para levantar doce viviendas esté paralizada a día de hoy.

La comisión también abordó el momento en que se dio el permiso de construcción: el 18 de octubre de 2022, justo antes de que se suspendieran temporalmente estas concesiones, ya que se aprobaba inicialmente el PGOU. “Se otorgaron 39 licencias ese mes y el día 18, en concreto, fueron 13”, indicó Urkitza. Además, las preguntas de EH Bildu y Elkarrekin hicieron referencia al Área de Urbanismo. “La plantilla es suficiente y todo mejorará cuando termine el proceso de digitalización en el que está sumido el Ayuntamiento”, puntualizó González. Otro tema que salió a colación fue que el nuevo Plan General contempla 499 bienes protegidos.

El apunte

  • Más que un derribo. El hecho de que se haya derruido un edificio de ‘custodia municipal’ no es el único tema a debate; la oposición ve irregularidades en la actuación de la cooperativa desde el inicio, en el proyecto en sí (una constructora desistió de uno similar) y critica el proceder del Ayuntamiento.
  • Momento más tenso. La oposición también cuestiona a los ediles cooperativistas, por eso, uno de los momentos más tensos de ayer se vivió cuando se supo que estos no habían contestado por escrito a las preguntas de la comisión.