Los ayuntamientos de Berriz, Mallabia y Garai se han unido para mostrar su oposición a la nueva línea de alta tensión Valdejasa-Gatika y lo hacen expresando públicamente su rechazo en bloque y presentando alegaciones tanto al proyecto como al estudio de impacto ambiental. A través de sus máximos responsables, como son los alcaldes Igor Agirre, Orlan Isoird y Erramun Osa –Mallabia, Berriz y Garai, respectivamente– consideran que “no tiene ningún sentido hablar de transición energética, de utilizar energías renovables que se generan a cientos de kilómetros y utilizar líneas de evacuación de cientos de kilómetros de extensión que destrozan paisajes, entornos naturales, amenazan fauna y vida silvestre y que deterioran la calidad de vida de las personas que viven en decenas de entornos rurales”.
Pero lejos de las palabras, los alcaldes evidencian con hechos que esta nueva línea, que tiene su origen en Aragón, recorrerá cientos de kilómetros, invadiendo paisajes e hipotecando el futuro de personas y comarcas enteras. “El impacto es inasumible e inexplicable. Vamos a defender a nuestros vecinos y vecinas; vamos a defender nuestro entorno hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir que otras instituciones nos ayuden en nuestro empeño y, si no nos queda otro remedio, lo vamos a defender, si es necesario, solos”, advierten al tiempo que subrayan las afecciones que puede acarrear un proyecto de tal magnitud; algunas comunes a los tres municipios y otras particulares de cada localidad.
De esta forma, en cuanto a los impactos compartidos hacen hincapié en aquellos vinculados a la salud. “Las instalaciones de alta tensión suponen un riesgo para la salud pública y para los vecinos residentes en viviendas próximas al trazado y no se presenta medida alguna de protección o de garantía de inocuidad para la población afectada, vulnerando las recomendaciones del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo”, apuntan.
Por otro lado, la ejecución de las obras proyectadas va a provocar efectos devastadores sobre la fauna protegida existente en el ámbito del proyecto, como la nutria paleártica, el visón europeo, el cangrejo de río común o el milano real, entre otras, catalogadas como especies en peligro de extinción. Además, insisten en que el estudio de impacto ambiental (EsIA) reconoce que “el trazado de la línea eléctrica conllevará un impacto severo para especies riparias y aves necrófagas y supondrá un riesgo muy grave debido al profundo deterioro que experimentará el hábitat de esas especies, conllevando la desaparición de estas debido a la pérdida de su hábitat esencial en el caso del visón europeo y a causa de las electrocuciones y colisiones en el caso de las aves necrófagas”.
Tampoco se pueden obviar las afecciones al suelo que se darán en la fase de construcción del tendido eléctrico y de las torretas. “La apertura de caminos, excavación en la tierra para crear plataformas que después se cementarán, retirada de tierras, acopio de materiales de construcción y otras acciones serán las que provoquen afecciones inasumibles en el suelo, conllevando el deterioro de la misma impactando negativamente en la vegetación y el hábitat autóctono”, enumeran sin olvidarse tampoco del “deterioro irreparable de los ríos y acuíferos, debido a la magnitud de la obra, así como a amplia cantidad de ríos y zonas hidrográficas de alto interés natural y faunístico”.
En última instancia están las afecciones al paisaje. Y es que, Agirre, Isoird y Osa defienden que “esta línea eléctrica proyectada provoca una degradación del medio natural y de su paisaje, llevando a cabo una fragmentación del mismo al aislar unas zonas de otras, rompiendo su unión paisajística y afectando a las funciones ecológicas y al hábitat de las mismas”.
Reuniones informativas
Ante esta situación, responsables de las tres administraciones locales han avanzado que convocarán reuniones en los distintos municipios “para informar de las afecciones que provoca este proyecto y de las distintas acciones que tenemos en marcha”. Y concluyen que “en este procedimiento y otros se nos está hurtando información vital para poder articular, de una manera eficaz, la defensa de los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Denunciamos este atropello y solicitamos la ayuda de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno vasco”.
