La nueva Ley de Vivienda, con los cambios que conlleva, la morosidad y las obras de rehabilitación y de mejora de la accesibilidad en los edificios de viviendas son las principales preocupaciones de las comunidades de vecinos. A este respecto, Josu Zulueta, abogado de la Cámara Urbana de Bizkaia, aborda la función de este órgano de cara a la resolución de tales problemáticas entre los propietarios.

¿Qué papel juega la Cámara Urbana de Bizkaia en las comunidades de propietarios?

El de una asesoría privada para resolver todas las dudas y conflictos que puedan surgir en el entorno de las comunidades, con un lenguaje entendible por todos.

¿Cuáles son los principales problemas que afectan a las comunidades actualmente?

Aparte de la morosidad, surgen grandes discrepancias sobre acometer, o no, obras para mejorar la eficiencia energética de los edificios, dado el elevado importe económico (fachada ventilada, SATE, cubierta, etc.). Existen propietarios que no pueden permitirse pagar dichas obras o no desean que se pida un préstamo comunitario, como permite la ley de Propiedad Horizontal. Los pisos turísticos también causan molestias a las comunidades. Esto debe regularse con profundidad a nivel estatal, aunque aquí tenemos el Decreto 101/2018 de 3 de julio de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico.

¿Qué servicios les demandan en mayor medida?

Las consultas jurídicas concretas del día a día. Necesitan respuestas rápidas para estar al día en relación con las Juntas a las que han sido convocados en un plazo breve. También desean que redactemos informes jurídicos, para poder aportarlos en esas Juntas, por escrito.

La entrada en vigor de la Ley de Vivienda trae consigo novedades para los propietarios, sobre todo relacionadas con el arrendamiento. ¿Cuáles son las más importantes?

Los desahucios por falta de pago o por expiración del término. La declaración de vulnerabilidad de los inquilinos puede demorar un juicio de desahucio hasta dos años o más.

 ¿Y cuándo se considera a alguien vulnerable?

Cuando la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones suponen más del 30% de ingresos de la unidad familiar y que el conjunto de dichos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (el IPREM) (en 2023, 600 €). Este límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar.

 ¿Qué opina al respecto?

En mi opinión, esto es un error. Hemos pasado en poco tiempo del, llamado con orgullo, “desahucio express”, en el que se tardaba unos tres meses en desalojar a un inquilino impagador, a un procedimiento largo y tedioso que solo asusta a los propietarios y les lleva a no arrendar sus viviendas. Dudo que esto último fuera lo que deseaba el legislador.

¿Qué mejoras introduce la nueva ley?

También tiene cosas buenas, como la obligación del abono de la factura de la inmobiliaria por parte del arrendador (no del arrendatario). Esto ha facilitado la entrada de los arrendatarios, reduciendo los gastos necesarios, para acceder al mundo del alquiler. Estimo que faltan incentivos fiscales para que los arrendadores saquen sus viviendas al mercado, en vez de sancionarles por no hacerlo. Este es otro error.

¿Sigue siendo la morosidad el eterno problema de las comunidades de propietarios?

Sí, y lo va a ser más por el importante coste de las obras que modifican la envolvente de los edificios, sobre las cuales, como ya he dicho antes, no todos los vecinos pueden pagar su parte.

¿Es la rehabilitación de edificios uno de los grandes motivos de preocupación de los vecinos/propietarios?

Si, algunas obras de fachada ventilada y cubierta han alcanzado los dos millones de euros, y es normal que la gente, sobre todo la de edad avanzada, se pregunte cómo va a poder pagar su parte. En este punto es muy importante la labor de información de la Cámara y la de los administradores de fincas para tramitar bien las ayudas y subvenciones de la Administración.

Y respecto a la accesibilidad en los edificios, ¿se recurre a la Cámara Urbana en busca de asesoramiento?

Constituye la mayor parte de las preguntas que nos hacen las comunidades, ya sean dudas de tipo jurídico o técnico. Son innumerables las comunidades que han decidido bajar el ascensor a cota cero, y ello provoca roces con los propietarios de locales, que deben ceder un espacio para dicha bajada y la comunidad debe indemnizarles por la privación de ese espacio. Es conveniente llegar a un acuerdo económico, pero también hay que estudiar si caben soluciones alternativas a la privación del espacio de los locales, que debe ser la última solución constructiva.

¿El aumento de pisos turísticos está creando problemas en las comunidades?

Prácticamente ninguna comunidad está contenta con los pisos turísticos, porque, aunque pernocten muchos clientes educados, siempre van a pasar algunos turistas fiesteros que no dejen dormir a los vecinos, y esto agota, a la larga. Al final, la Administración, para otorgar la licencia de VT, exigirá una obra de aislamiento acústico similar al de los bares y restaurantes. No se me ocurre otra solución. Ya hay tantas plazas hoteleras como viviendas turísticas.

Ante tan diversa problemática ¿qué ventajas tiene para el propietario de una vivienda asociarse a la Cámara Urbana? ¿Resuelven cuestiones tanto legales como técnicas que les afectan?

Por una cuota anual reducida, el asociado tiene toda la información que precisa para ejercitar sus derechos ante la comunidad, y un resumen de la jurisprudencia más actual, por si quiere acudir al juez, si la comunidad, o un vecino concreto, no le hace caso. Además, por un coste razonable puede contratar informes jurídicos o de arquitecto técnico, que solventen las dudas sobre la responsabilidad de las humedades, grietas, entradas de agua, olores, etc.

La Cámara Urbana es un órgano con larga trayectoria en Bizkaia. ¿Cómo evoluciona para responder a las demandas de los asociados?

Los servicios de siempre se mantienen y ello nos agota la mayor parte de nuestro tiempo. Es lo que demandan los asociados y no podemos defraudarles. También hemos ampliado las consultas telefónicas, pero los que llaman por teléfono no pueden olvidar que tienen prioridad quienes acuden a la sede Marqués del Puerto nº 4, 1º derecha de Bilbao, y que siempre se atiende mejor al cliente con los documentos delante.