Familias de los centros de Zipiriñe e Iberre de Sopela se volvieron a movilizar ayer jueves para pedir a la Asociación Vecinal de Sopela que retire el recurso al plan de Abaro que podría suponer la paralización durante “dos o tres años” del plan urbanístico y de la consiguiente ampliación del instituto Iberre, además de la edificación de 490 VPO. Y es que, ante la incertidumbre jurídica, los propietarios de los terrenos destinados a la ampliación del instituto se han negado a aceptar la cesión anticipada de las parcelas por parte del ayuntamiento. Por ello, las asociaciones de padres y madres de ambos centros, que han iniciado una recogida de firmas y anunciado nuevas movilizaciones, se han sumado a la petición conjunta de EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Sopela para que se retire el contencioso. “Estamos hastiados. Queremos un nuevo instituto ya. No nos dejan más remedio que volver a salir a la calle”, expresaron.
Durante el pleno celebrado ayer jueves, Eder García, de Elkarrekin Sopela, se mostró dispuesto a negociar los accesos a la nueva urbanización de Abaro “si ese es realmente el problema” que plantea Alternativa Vecinal de Sopela, cuya portavoz Marisa Gadea es a su vez presidenta de la Asociación Vecinal de Sopela, y lamentó que se pueda demorar todo el plan “por treinta viviendas”. “Son 490 VPO o cero”, exclamó. Asimismo, el portavoz de EAJ-PNV, Josu Landaluze, manifestó que “decir sin ningún tipo de reparo que estamos cometiendo a sabiendas un sinfín de ilegalidades creemos que es muy osado además de una mentira” y agregó que “todos los movimientos que ha realizado la corporación anterior y la actual están sustentados en informes técnicos y jurídicos”. Por parte de AVS, Marisa Gadea, denunció “una campaña de acoso y derribo” y afirmó que “el plan parcial de Abaro reserva un suelo insuficiente para permitir la ampliación del instituto” y que “la paralización de la ampliación es solo la consecuencia directa de la nefasta gestión del equipo de gobierno”.
