El plan parcial de Abaro afronta un nuevo escollo que podría dilatar su desarrollo aún más en el tiempo. La Asociación Vecinal de Sopela, agrupación de vecinos de Iberre que preside Marisa Gadea, a su vez portavoz del grupo político municipal Alternativa Vecinal de Sopela, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra este plan urbanístico que contempla la edificación de 490 viviendas de protección pública (VPP) en el sector de Abaro y la ampliación del instituto Iberre, que cuenta en la actualidad con cerca de 380 alumnos y alumnas que tienen que finalizar sus estudios de Bachiller fuera del municipio de Uribe Kosta, en Plentzia o Getxo.
Ante esta situación, el resto de grupos municipales del Ayuntamiento, EH Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin Sopela, realizaron ayer lunes un comunicado conjunto en el que reclaman la retirada del recurso. “La mera presentación de este recurso puede suponer de facto la paralización, por lo menos por dos o tres años, del desarrollo de esta zona, lo que implica la paralización de la ampliación del instituto Iberre, la construcción de 490 viviendas de protección pública y la continuidad del cinturón verde de Sopela en la vega del Gobela”, explicó la alcaldesa de Sopela, Guruzne Carrasson.
En este sentido, los grupos municipales pusieron de manifiesto la “gravedad de la situación” ante la posible paralización de un plan que lleva ya “una década de retraso” y que ahora sufre una “inseguridad jurídica” debido a que “los propietarios de las parcelas destinadas a la ampliación del instituto de Iberre han decidido oponerse a la ocupación anticipada que el Ayuntamiento de Sopela preveía materializar en las próximas semanas”.
En concreto, mediante dicha ocupación anticipada se iban a ceder definitivamente esas parcelas de Abaro al Gobierno vasco. Un plan que todavía no descartan desde el Ejecutivo municipal, aunque son conscientes de que “si realizan la ocupación anticipada y en el plazo de cuatros años no se desarrolla el sector, el Ayuntamiento tendría que abonar a los propietarios el coste de los terrenos. Es un riesgo que estamos dispuestos a asumir”, apuntó la regidora.
Y es que, en la situación actual, la oposición por parte de los propietarios a la ocupación anticipada retrasa todo el proceso de cesión, lo que en la práctica podría llegar a bloquear la histórica demanda de ampliación del instituto de Iberre.
Precisamente, las labores de desbroce y vallado de las parcelas de Abaro, necesarias para llevar a cabo la ocupación anticipada, se habían programado para la segunda quincena de este mes, pero la negativa de los propietarios dilatará el proceso. Por ello los grupos políticos que conforman “un total de 16 concejales sobre un total de 17 en el pleno” mostraron su “incomprensión y rechazo al recurso” y argumentaron que “en el programa electoral de Alternativa Vecinal de Sopela se decía textualmente apoyar por todos los medios la ampliación de Zipiriñe e Iberre y favorecer la construcción de viviendas de VPO”, algo que comparten el resto de formaciones políticas y otros agentes sociales de Sopela. “No llegamos a comprender quién se puede sentir beneficiado de este recurso”, agregaron.
Alternativa vecinal
Por su parte, la portavoz de Alternativa Vecinal de Sopela y presidenta de la Asociación Vecinal de Sopela, Marisa Gadea, explicó a este periódico que Alternativa Vecinal de Sopela lo que pide es que “se cumpla el planeamiento general del municipio de forma que el 100% sea vivienda protegida, tal y como se planteó en el programa electoral”. Al mismo tiempo, Gadea reclamó que “se garantice la ampliación del instituto Iberre” y también que “se reordenen los accesos para que no se genere un cuello botella dentro de la futura urbanización de Abaro”.
Ahora la plataforma vecinal tiene un mes de plazo para preparar la demanda, pero Gadea deja abierta la puerta a una resolución de la situación sin tener que llegar a los tribunales si se atienden las peticiones que plantean. “En la medida en que estas propuestas se garanticen, no habrá sentido en mantener ningún contencioso”, concluyó.
