El exalcalde de la localidad encartada de Alonsotegi, José Luis Erezuma (PNV), que se encontraba pendiente de juicio, falleció el pasado viernes a la edad de 63 años víctima de una enfermedad, según indicaron ayer fuentes jeltzales a este periódico. Estos graves problemas de salud son los que precisamente evitaron que el ex primer edil se presentara ante la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia.

El pasado mes de octubre quedó suspendido el juicio por un presunto delito de prevaricación que se iba a celebrar en la Audiencia contra el que fuera regidor de Alonsotegi entre los años 2011 y 2015, así como contra dos constructores y dos técnicos –un sexto acusado falleció– debido a los problemas de salud del exalcalde.

La celebración del juicio quedó pendiente, sin fecha prevista, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento por un funcionario, falsedad en documento público, fraude a las administraciones, fraude en subvenciones públicas y malversación por un caso de obras falsas pagadas con dinero público.

Hace un año los acusados llegaron a un acuerdo con las acusaciones para devolver el dinero defraudado y aceptar una pena de dos años de prisión, que implicaba que no entrarían en la cárcel y no se celebraría juicio. Sin embargo, los implicados no cumplieron el calendario de pagos del casi millón de euros que debían haber abonado, por lo que la causa siguió adelante.

Acuerdo incumplido

En aquel acuerdo, los procesados se comprometieron a devolver conjuntamente todo el dinero defraudado, un total de 681.000 euros, más 200.000 euros en intereses, y asumieron un delito de prevaricación y otros de falsedad documental y fraude. Antes de la consecución de ese acuerdo incumplido, el informe de la Fiscalía en relación al caso sostenía que en 2011 los acusados se pusieron de acuerdo para reportar un beneficio económico a una constructora.

Así, el Ayuntamiento solicitó una subvención para la reparación de unos supuestos desperfectos causados por la lluvia, pero en realidad, usó esa partida para pagar a la empresa con la que el consistorio tenía una deuda por una obra realizada en 2008.