Bilbao

Los ciudadanos vizcainos necesitarán menos firmas para impulsar nuevas leyes –normas forales, en el sentido estricto en Bizkaia– que terminen aprobándose y aplicándose en el territorio. La Diputación ha puesto en marcha el proceso para actualizar la normativa que regula la iniciativa popular en Bizkaia. No solo se actualizarán las monedas en curso, que en la actual, que data de 1985, todavía están reflejadas como pesetas, sino que también incorporarán los cauces digitales o la legislación vigente en materia de protección de datos. Está previsto que se apruebe antes de que finalice la legislatura.

Cualquier vizcaino puede impulsar la aprobación de una nueva norma a las Juntas Generales, que son en última instancia el órgano legislativo en el territorio y, por lo tanto, el que debate y aprueba en su caso las nuevas regulaciones, como lo es el Parlamento vasco a nivel de Euskadi o el Congreso de los Diputados en el Estado. Eso sí, con unas condiciones. Por ejemplo, es necesario el respaldo de al menos 20.000 firmas para iniciar el proceso y hay algunas excepciones sobre las que no se puede proponer una nueva regulación, entre ellas las normas de carácter tributario o el presupuesto.

La norma que regula este proceso data de 1985 y se ha quedado obsoleta. En estos 37 años que han transcurrido desde su aplicación, no solo se ha modificado el reglamento de las Juntas Generales, sino que también se han ido modificando el arco normativo y legislativo, regulándose derechos, ámbitos de protección y otros muchos aspectos que no se encontraban ordenados en 1985. Incluso se ha vivido un cambio de moneda; la Norma Foral 4/1985 todavía recoge en pesetas la compensación que recibirá la comisión promotora en concepto de gastos para difundir la proposición y recoger las firmas, y que pueden alcanzar el millón y medio de rubias.

Además de la evolución habida en el ámbito normativo y legislativo, el escenario político, jurídico, social y tecnológico ha sufrido también una notable transformación. “La ciudadanía ha dado muestra de su deseo de participar activamente en los asuntos públicos, las políticas de participación se han consolidado, la existencia y el desarrollo de los canales digitales ha transformado los cauces de relación entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Asimismo hoy en día existe legislación sobre la administración electrónica así como sobre la protección de datos personales, siendo patente la relación de esta última con el ámbito de la recogida de firmas”, explican desde el departamento foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales que dirige Elixabete Etxanobe. “Resulta necesaria la adecuación de la norma”.

Por todo ello, la Diputación ha puesto en marcha el procedimiento para actualizar esa norma foral. En estos momentos, y una vez finalizada este mismo mes la fase de consultas, la nueva herramienta que regulará la iniciativa normativa popular está en fase de redacción. En septiembre el anteproyecto se será expuesto a audiencia pública y será en otoño cuando pase por el Consejo de Gobierno foral como paso previo a su remisión a las Juntas Generales, donde será debatido y aprobado, en su caso, por los partidos políticos representados en la Cámara. Está previsto que pueda entrar en vigor antes de que termine esta legislatura el próximo año.

Protección de datos

Aunque todavía no está redactado el anteproyecto, la futura normativa rebajará el número de firmas necesarias para impulsar una nueva norma –y que actualmente se sitúa en 20.000–, se adecuará a la legislación actual en materia de protección de datos –algo necesario en un ámbito como es el de la recogida de firmas– y a los cauces digitales que pueden ser una herramienta ágil para facilitar la recogida de firmas e incluirá el lenguaje de género e inclusivo. Además, se tendrá también en cuenta la legislación actual en materia de normalización lingüística y se actualizará el importe máximo de compensación a la moneda en curso. ¿Al cambio? 9.000 euros, si se mantiene la cifra.