Desde 2008 se han impuesto trece sanciones graves a vertederos

Un vertedero está localizado en Araba y es de titularidad pública; hay tres en Gipuzkoa, dos de ellos públicos aunque uno de Mutiloa cerró hace un mes; y once en Bizkaia -dos públicos y el resto, privados- y uno más que estaba próximo a abrir, aunque con la actual crisis sociosanitaria del coronavirus nada se sabe al respecto. Con las mismas características y licencias de Verter Recycling como vertedero de residuos no peligrosos de origen industrial, en Bizkaia solo existen otras tres instalaciones -en Mallabia, Zalla y Larrabetzu-, todas ellas de carácter privado.

Y todas, son revisadas con una frecuencia de entre uno y tres años en función de la peligrosidad de la actividad y del cumplimiento que hagan de las estrictas normas que rigen sus actividades. Desde 2014, sin ir más lejos, estas instalaciones han pasado una treintena de inspecciones y controles por parte de ese equipo, insuficiente a todas luces para la cantidad de trabajo a cumplimentar, ya sea a pie de obra o tramitando expedientes.

El año pasado, por ejemplo, dos de los técnicos de inspección se encontraban en Bizkaia, otros dos en Gipuzkoa y los cuatro restantes en Araba. Precisamente en 2019 se programaron inspecciones a 142 instalaciones -una veintena más que en 2018- con potencial contaminante, “con actividades IPPC (Prevención y Control Integrados de la Contaminación)” como resume el personal técnico. Cincuenta empresas que tienen asignada una frecuencia anual para su control; 38, bienal; 41, trienal, y trece, sin periodicidad definida.

23 ‘desviaciones’ Una de las últimas revisiones, a mediados del pasado verano, fue la última que pasó Verter Recycling. Y no salió muy bien parada a tenor del acta levantada tras la visita a la planta en dos ocasiones, el 10 de junio y el 10 de julio. Hasta 23 desviaciones de la norma aparecen detalladas en el informe, aunque ninguna de ellas grave y ninguna referente a la estabilidad del vertedero, cuya vigilancia y seguridad es competencia de la empresa gestora y no de la Administración.

En la documentación asociada a esta firma únicamente aparece, al menos hasta el momento del derrumbe, una sanción grave: almacenamiento temporal de un residuo peligroso para el que no tenía autorización. La multa fue de 33.000 euros, además de obligación de restaurar y recuperar el lugar donde se hizo ese depósito. Eso fue en 2012. Pero es que, desde su apertura, la planta de Verter Recycling pasó siete inspecciones, según la documentación facilitada desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco: la previa a la concesión de efectividad en 2011; inspecciones de seguimiento en 2013, 2014, 2017 y 2019 “que dan respuesta al reglamento de emisiones industriales” y, además, dos visitas enmarcadas en planes específicos de control, en 2014 y 2016, respectivamente.

Y como esta instalación, el resto. De hecho, un repaso rápido al historial de auditorías revela que desde 2008 se han impuesto trece sanciones a vertederos, todas ellas calificadas como graves, por un importe de 707.001 euros. Las cantidades fueron desde los 27.000 hasta los 120.000 euros, además de las consabidas medidas de restauración. Dos sanciones se impusieron en 2008; una, en 2011; dos, en 2012; cinco, en 2016, como consecuencia del Plan Específico de Inspección de Vertederos, y tres, el año pasado.

Todas estas labores de control a vertederos -y cualquier instalación con actividad sometida a IPPC- están contempladas en un Plan de Inspección plurianual. El primero de aplicación en la geografía vasca estuvo vigente desde 2011 hasta 2018 y el actual tiene una vigencia desde 2019 hasta 2026. Año a año se programan las visitas a realizar y se abren proyectos específicos de inspección como los que se hicieron en 2014 y 2016, por ejemplo. En la primera de esas convocatorias se vigilaron los controles de entrada y la impermeabilización de los vertederos.

Tres expedientes en 2014 Se abrieron tres expedientes sancionadores a instalaciones con desviaciones significativas o un grado de cumplimiento bajo de la norma. En aquel entonces, la planta de Verter Recycling fue la segunda mejor valorada de la quincena analizada. Eso sí, a partir del ejercicio de 2017 el grado de cumplimiento de los requisitos y autorizaciones decayó pasando de un compromiso Medio-Alto a uno Bajo, como fue la de 2019, que derivó en la apertura de varios expedientes sancionadores, entre otros.

Pero es que, además, la red de vertederos también está sometida a inspecciones de seguimiento en las que se comprueban las condiciones específicas de este tipo de instalaciones. El de Gardelegi, por ejemplo, obtuvo una calificación de Bajo en 2014, repitió la nota al curso siguiente; subió hasta la puntuación de Medio en 2016 y en la última de 2018 bajó un poquito hasta un Medio-Bajo. El de Epele, cercano al colapsado hace ya dos meses, ha tenido un comportamiento similar al alavés: Bajo en 2014, Medio-Bajo en 2015, Medio-Alto en 2016, Medio en 2017 y Medio en 2018. El resto de instalaciones navegan de la nota media al sobresaliente en algunos casos, como el de Mutiloa en 2018 o el de Zalla en 2017, por citar algunos ejemplos.

LAS CIFRAS

2,2 millones de toneladas acaban cada año en el vertedero: De ese total, un 26% son residuos de la industria siderometalúrgica y papelera; un 23%, residuos urbanos y de construcción; un 22%, rechazos del tratamiento de residuos, y un 29%, de distintos tipos.

Desde 2008 se han impuesto trece sanciones a vertederos, todas ellas calificadas como graves, por un importe de 707.001 euros. Las cantidades han ido desde los 27.000 hasta los 120.000 euros, más medidas de restauración. Dos sanciones se impusieron en 2008, una en 2011, dos en 2012, cinco en 2016 y tres el año pasado.