Los usuarios de las vías de pago en Bizkaia reciben 20 millones en tres años

La Diputación ultimará para mayo un informe sobre cómo aplicar descuentos en la AP-68

20.02.2020 | 06:15
Un vehículo circula por el peaje de la AP-8 en Boroa, vía sujeta al sistema de límite de gasto

Gernika - La Diputación ha subvencionado con veinte millones de euros a los vizcainos que utilizan las autopistas de pago del territorio en tres años, a través del denominado bonopeaje, una especie de tarifa plana de 30 euros aplicada en la AP-8, la Supersur y los Túneles de Artxanda. La institución foral ultima un informe, que espera tener finalizado para mayo, sobre cómo aplicar estos descuentos, o un sistema similar, en la AP-68, cuya titularidad asumió el pasado 1 de enero, pero que cuya gestión sigue en manos, hasta 2026, de la concesionaria Avasa.

Las Juntas Generales de Bizkaia debatieron ayer en el pleno celebrado en Gernika una propuesta de EH Bildu para que la Diputación habilite en la AP-68, "a la mayor brevedad posible", el mismo sistema de bonificación utilizado para el resto de vías de pago del territorio. "No entendemos que esa misma autopista, a su paso por Araba, ya cuente con un sistema de bonificación de peajes, con un 60% de descuento a partir de quince viajes mensuales, y que una medida similar no se pueda llevar a cabo en nuestro territorio. Es momento de pasar de las palabras a los hechos. Habrá que analizar aspectos técnicos, pero no podemos permitirnos demorar un acuerdo. Si es posible encontrar una solución este año, mucho mejor", planteó su apoderado Raúl Méndez.

Gracias al bono peaje, los usuarios de la AP-8, Supersur y Túneles de Artxanda pagan un máximo de 31,8 euros al mes, 30 euros más IPC. Sin embargo, mientras en estos tres casos la Diputación es tanto la titular como la entidad que gestiona las infraestructuras -y por lo tanto la que recauda los peajes y devuelve parte de los mismos-, el caso de la AP-68 es diferente: la institución foral es su titular desde el pasado 1 de enero pero la gestión corresponde, hasta 2026, a la concesionaria del servicio, la empresa Avasa. Aunque la concesión vencía en 2011, el gobierno de José María Aznar la amplió hasta 2026 en el año 2000, una decisión muy criticada por las instituciones vascas. "La autopista viene con un inquilino dentro", ilustró gráficamente el socialista Iñaki Jerónimo.

Y ese es, precisamente, el "quid" de la cuestión, como destacó desde el PNV Conchi Claver. "Mientras dure esta concesión, la Diputación no va a recaudar nada por peajes", advirtió, para explicar que existen otras alternativas, además del sistema de límite de gasto, como las subvenciones otorgadas en Araba, pero que adolece de algunas limitaciones. "En su momento, Fomento no facilitó los datos de los usuarios y la Diputación tuvo que convenir con algunas entidades bancarias facilitadoras del dispositivo", explicó la apoderada nacionalista. Por ello, tanto desde el PNV como desde el PSE se defendió que la mejor solución es testar las diferentes alternativas en una comisión técnica formada por el Ministerio de Fomento, el Gobierno vasco, la concesionaria y las diputaciones de Bizkaia y Araba, que ya trabaja sobre la materia y está previsto que emita un informe para mayo. El PP criticó la tardanza en tomar una decisión sobre esta autopista, mientras que para Elkarrekin Bizkaia supondrá "un balón de oxígeno para la promoción del vehículo privado".

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