El TSJPV obliga a Izurtza a anular su plan urbanístico por la denuncia de un vecino

Este contencioso radica en la alegación interpuesta por una familia de la zona de Elexalde, donde según se recoge en la sentencia, “existen varios defectos en el nuevo plan, tanto en la forma como en el procedimiento, por el que consideran [los denunciantes] que debe anularse”. Según el Tribunal, “los terrenos de estos vecinos, que se encuentran situados al lado de una presa, estaban clasificados en las normas de 1996 como urbanizables, en base a la posible construcción de una nueva variante que pretendía desviar el tráfico del centro de la localidad. Sin embargo, en el nuevo informe urbanístico se califica de nuevo los terrenos como rurales al desechar la construcción de la nueva carretera.

Según se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso DEIA, la pretensión principal de la parte vecinal es la declaración de nulidad del PGOU, por considerar que el modelo propuesto se ha planteado sobre la hipótesis de la construcción de una circunvalación, algo que no se corresponde a la realidad, ni se recoge, hecho que el Alto Tribunal considera determinante, lo que lleva a concluir que se han extralimitado los límites de la potestad discrecional del Ayuntamiento de Izurtza”.

La resolución señala que la fase previa del plan urbano se basaba en un desarrollo residencial y en una variante en torno a la carretera BI-623, pero al no construirse, ni reflejarse por escrito en el PGOU de 2015, se constata que “era toda una quimera y que el Ayuntamiento de Izurtza ni evaluó las posibilidades de construir una nueva carretera, ni llevó a cabo las consultas pertinentes con el departamento de obras de la Diputación de Bizkaia”. Un asunto que el ente foral confirma señalando que “nunca se ha previsto un proyecto de estas características para el municipio”.

Además, el fallo recoge también que hubo irregularidades con respecto al procedimiento de la participación ciudadana. Según se subraya, los vecinos de Izurtza aprobaron una revisión de las normas en base a un proyecto que desviaría el tráfico de la BI-623; sin embargo, finalmente no se plasmó ese proyecto, por lo que se aprobó un plan que no coincidía con los deseos vecinales.

Este traspiés ha echado por tierra más de 256.000 euros y diez años de trabajo. La alcaldesa de Izurtza, Lorea Muñoz (EH Bildu) sostiene que “es mejor empezar de nuevo porque si recurrimos tendríamos que hacerlo al Tribunal Supremo; esto podría tardar cuatro o cinco años y mientras no sabríamos a qué normas atenernos. Y si finalmente se anulara el plan de 2015 y se hubieran construido casas tendríamos que derribarlas. Por todo ello, lo mejor será empezar de cero”.

Aun no estando recogido en el PGOU, la alcaldesa reitera su intención de seguir adelante con un proyecto de variante. “No podíamos plasmar en el documento la reserva de los terrenos, por eso no aparece nada”, añade.

INSÓLITO La oposición considera “insólita” esta situación y responsabiliza de ella a EH Bildu, que “debido a la gestión realizada en la revisión de las normas, tira por la borda el trabajo realizado durante diez años”, explican desde el PNV. Según resaltan los jeltzales, “el coste de dicha revisión asciende al 25% de lo que supone el presupuesto anual de la propia administración”.

Aunque sobre esta sentencia cabe recurso, el PNV critica que “EH Bildu quiera empezar de nuevo el proceso de cero, obligando al pueblo de Izurtza y a los vecinos a una revisión completa de las normas”.

El equipo de gobierno de Muñoz explicó ayer a los vecinos durante una reunión en el Hogar del Jubilado la situación actual y los pasos que la administración pretende dar en los meses siguientes. “Emitiremos un nota pública el jueves [por hoy]”, señaló la alcaldesa.