Bilbao - El Ayuntamiento de Bilbao defiende que la actual concesionaria de la OTA, la UTE formada por las empresas Gertek y Open Traffic System (OTS), ha cumplido el contrato y no merece sanción al considerar que la relación jurídica con el Consistorio no se ha visto alterada a pesar de que la unión de ambas empresas -indispensable para obtener la licitación- fue disuelta el mismo día que se constituyó, hace diez años. Así lo manifestó ayer Alfonso Gil, concejal del Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente, quien compareció a petición de EH Bildu para dar cuenta sobre las consecuencias que podría tener el encubrimiento de dicha disolución por parte de la UTE ante la inminente convocatoria de una nueva licitación para gestionar la OTA.
De esa forma, Gil defendió que el Ayuntamiento solo ha tenido conocimiento de la constitución de la UTE, de una prorroga en su contrato y de un cambio en su gerencia. “En enero conocimos que había habido un acta de cesión de derechos de una empresa hacia la otra”, explicó en referencia al acuerdo realizado entre ambas compañías, basado en la protección de los dos socios de OTS ante una posible contingencia económica. El edil incidió en que mientras tanto “se ha prestado el servicio público en las debidas condiciones, se han mantenido todos los puestos de trabajo y no ha habido alteraciones sustanciales para las arcas municipales”, por lo que los “los efectos jurídicos y prácticos de la disolución han sido nulos” al haber funcionado como UTE.
Los grupos de la oposición mostraron su desaprobación por el incumplimiento de las condiciones. Bruno Zubizarreta, concejal de EH Bildu, afirmó que “claramente se ha cometido un fraude” del que el Ayuntamiento “no tiene constancia”. En ese sentido, denunció “la falta de control respecto a los contratos públicos” e instó al Consistorio a tomar medidas para evitar situaciones similares, así como a analizar la gestión directa de la OTA. En la misma línea se pronunció Carmen Carrón, edil del PP, quien aseguró que “hay mala fe por parte de las empresas porque ocultan información” al haber concurrido con “una UTE que no era real”. Además de poner en entredicho a Gertek, “por no tener un buen historial”, Carrón defendió la necesidad de incluir “cláusulas para proteger al Ayuntamiento de los engaños en pliegos futuros”.
Por su parte, Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, hizo referencia a las condiciones laborales de los más de 150 trabajadores de Gertek y pidió que se incluyeran “cláusulas sociales” en las bases del nuevo concurso. Cláusulas cuya importancia también fue auspiciada por Conchi García, edil de Ganemos Bilbao. Por otra parte, Muñoz incidió en que se había cometido “fraude ético al Ayuntamiento” y solicitó “poner en la picota y vetar” a la actual concesionaria de la OTA.
En todo momento, Alfonso Gil mantuvo que “no ha habido perjuicio a los ciudadanos de Bilbao” por lo que “no hay razón jurídica para inhabilitar ni sancionar a nadie”. A pesar de admitir un “cambio de filosofía” mediante una modificación “en las condiciones de prestación del servicio” en la que “el Ayuntamiento pasará a tener un control absoluto sobre el aparcamiento en vía pública”, aseguró que “no se puede hacer punible lo que no es”.
