La polémica familia de Etxebarri se ha trasladado a otra vivienda en Basauri

Etxebarri. La polémica familia que ha hecho muy difícil la convivencia en la calle Lezama Leguizamon de Etxebarri desde su llegada en abril de 2010 ya no vive en el inmueble número ocho, según los vecinos de la zona. Estos afirman que el viernes pasado les descubrieron "sacando fardos de ropa" del piso, justamente tres días antes de que se celebrara uno de los juicios a los que se enfrentan por los problemas de convivencia.

Tal y como relatan las mismas fuentes, la familia de etnia gitana, que no se presentó a la citada vista, se ha trasladado ya a la calle Larrazabal, en Basauri, donde, al parecer, vive una de sus hijas. "Han llevado una caravana y la han puesto en frente de la casa, aunque varias veces han asegurado que se iban a ir a vivir a los pórticos del Ayuntamiento de Etxebarri o al de Basauri", aseguran las mismas fuentes. Así, los molestos ciudadanos no han esperado a que se cumpliera la orden de desalojo promovida por la titular de un Juzgado de Bilbao.

Como adelantó ayer DEIA, la magistrada ha dictaminado que la vivienda debía quedar vacía antes del 12 de noviembre. "Creemos que están siendo asesorados de cara al otro juicio al que se enfrentan, el de mobbing", explican los miembros de la plataforma creada en Etxebarri en apoyo a las dos hermanas regentes del bar ubicado en el bajo del inmueble que ocupaba la familia y que han soportado "insultos, amenazas y hasta agresiones" durante años.

Fueron, precisamente, ellas, con la ayuda de sus vecinos y clientes, quienes denunciaron tanto a la familia como al propietario del edificio entero por un posible caso de mobbing inmobiliario. Las dos mujeres, Asun y Bea, llevan "toda la vida" residiendo en el primer piso de este inmueble por el que pagan una renta antigua. La denuncia partió ante la sospecha de que el propietario hubiera "inducido" a esta familia conflictiva a mudarse desde San Miguel de Basauri hasta el segundo piso de este bloque con la intención de hacerles "la vida imposible" para que abandonaran su casa. Según el grupo de apoyo, el caso de mobbing sigue adelante. De hecho, el fiscal ya ha presentado sus conclusiones, aunque estas no han trascendido. "Nos han dicho que puede ser perjudicial", explican.

Los mandatarios basauritarras, por su parte, se alegran por la sentencia aunque les obligue a pagar casi 5.000 euros por negarse, desde el pasado mes de abril, a seguir financiándoles el alquiler debido a sus "grandes problemas de conducta". Así, matizan que aunque recurrieran el dictamen, esto no acarreará retrasos "en ningún caso" al desalojo de la familia. "No debe haber impunidad para nadie, las normas y las leyes son aplicables a todos", sentencian desde el Consistorio.