Bilbao. La cooperativa Eroski reclama al Ayuntamiento de Basauri 6,6 millones de euros por daños y perjuicios, después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara un decreto municipal que permitía la ampliación del centro comercial Bilbondo y que fue aprobado por la anterior Corporación municipal. El alcalde, Andoni Busquet, anunció ayer que estudiarán y responderá a la reclamación de Eroski, aunque advirtió de que "no se puede hacer responsable al Ayuntamiento de Basauri de las decisiones de los tribunales".

La cooperativa presentó, en 2008, un estudio de detalle que planteaba la posibilidad de reordenar una de sus zonas de Bilbondo para crear una nueva galería comercial con espacio para 50 o 60 tiendas, restaurantes y establecimientos dedicados al ocio. El objetivo era incrementar el atractivo del primer centro comercial de Bizkaia, capaz de competir con las nuevas infraestructuras que se venían abriendo en los últimos años en el territorio.

Este estudio de detalle fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 26 de marzo de 2009, con los únicos votos a favor del PSE, que entonces llevaba la alcaldía de la localidad, la abstención del PP y la oposición del PNV y EB, además de todos los comercios basauritarras. Precisamente ese mismo día, en una iniciativa sin precedentes, los negocios echaron la persiana para mostrar en el pleno municipal su disconformidad con la propuesta, que temían matara la vida en las calles de la localidad. Además, tanto la asociación de comerciantes de Basauri como Bizkaidendak recurrieron la decisión municipal, al entender que las intenciones de Eroski estaban fuera de la legalidad al no cumplir el Plan Territorial Sectorial (PTS) de superficies comerciales, que rige el tamaño y las características de los centros como Bilbondo.

Solo un año después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón a los comerciantes de Basauri y anuló el estudio de detalle presentado por la cooperativa, "por ser contrario al PTS" e "infringir claramente" dicho plan. Aunque Eroski recurrió al Tribunal Supremo, este órgano no admitió a trámite el recurso.

Ahora, la cooperativa reclama al Ayuntamiento 6,6 millones de euros por daños y perjuicios tras la declaración de nulidad del estudio de detalle. Aunque estudiará y resolverá la reclamación, el Consistorio ha rechazado ya cualquier responsabilidad patrimonial por decisiones judiciales o planes territoriales aprobados por otras instituciones, por lo que ha emplazado a Eroski a dirigir las reclamaciones en materia de edificabilidad al organismo que elabora los PTS de actividades económicas, en este caso el Gobierno vasco.

Además, el alcalde Andoni Busquet recordó que el estudio de detalle no confiere derechos edificatorios, "pues la edificabilidad la otorga la normativa autonómica, es decir, el PTS, de rango superior".