Etxebarri. La calle Lezama Leguizamon en Etxebarri es un foco constante de trifulcas desde que hace dos años se instalara en el número ocho una familia de Basauri. Llegaron en 2010 realojados por el Ayuntamiento de este municipio gobernado por PSE y PP dado el mal estado en el que se encontraba su vivienda de San Miguel. Para ello firmaron un contrato por el cual el Consistorio les pagaría el alquiler del piso y ellos se harían cargo de los gastos de luz y agua, así como del seguro de la vivienda.
Conocidos en esta zona basauritarra por su conflictividad, su llegada a Etxebarri no parece que haya calmado a estos individuos que acumulan más de treinta denuncias desde que recalaran en su nueva casa. La vivienda en la que se alojan es el segundo piso de una casa antigua con bajo y dos alturas. En el primero conviven dos mujeres de 55 y 60 años que, a su vez, gestionan el bar La frontera que se ubica en la planta baja. La llegada de esta familia rompió la tranquilidad en la que vivían, según cuentan, teniendo que soportar todo tipo improperios, ruidos y un sinfín de molestias que les han llevado a los tribunales apoyadas por un grupo de clientes del bar, en su mayoría trabajadores de las empresas del polígono industrial localizado a escasos metros del edificio. Existe incluso un informe de la Ertzainetxea de Basauri que asegura que en la policía "no se descarta" que en el edificio se produzca "algún tipo de percance desafortunado, desagradable o lamentable".
Con miedo en casa Estas vecinas consideran que se han visto envueltas en un caso de mobbing inmobiliario para echarlas de su hogar ya que viven en esta casa pagando a su dueño una renta antigua. Por ello, acudieron a la Justicia. Ahora, el juzgado de instrucción número 7, ha trasladado el caso al tribunal de lo penal al entender que la actitud de esta familia apunta a una intención de echar de su casa a las vecinas con fines económicos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Basauri también ha movido ficha. Tras reunirse en varias ocasiones con el Consistorio de Etxebarri también preocupado por la situación, han rescindido el contrato de cesión con los inquilinos por incumpliendo de toda norma de convivencia por su parte además de por impagos de los recibos y el contrato de arrendamiento con los propietarios del inmueble, que son quienes ahora deben continuar el proceso en el juzgado ya que los realojados no abandonan el piso de forma voluntaria.
De igual forma, Iberdrola que solicitó a la policía escolta para entrar en la vivienda, les ha cortado el suministro eléctrico porque los inquilinos no abonaban lo que gastaban.
La sensación de "miedo" en la que viven estas vecinas se ha trasladado al polígono por donde se ha visto a alguno de los miembros de esta familia, al parecer compuesta por una pareja y cinco hijos, menores, que ni siquiera parecen estar escolarizados.
