Mungia. El Ayuntamiento de Mungia tomará la iniciativa para resolver el problema de abastecimiento y saneamiento de aguas de la urbanización de La Bilbaína. El Consistorio ejecutará el acuerdo alcanzado con la comunidad de vecinos en abril del pasado año en el que los propietarios accedieron a ceder la red a cambio de costear la reparación de las instalaciones.

Para ejecutar este compromiso, el pasado viernes, el pleno ratificó el convenio y facultó a la alcaldía para que "adopte cuantas acciones y resoluciones resulten necesarias". Entre las primeras medidas, el Ayuntamiento establece a la urbanización un plazo de dos meses para pagar los 27.900 euros de la redacción del Plan de Reposición de las Redes Internas.

La alcaldesa Izaskun Uriagereka se muestra dispuesta a iniciar las obras a la mayor prontitud en cuanto se solvente la disputa judicial. El equipo de Gobierno jeltzale ha contado con el respaldo en bloque de todos los grupos municipales, desde el PSE a la izquierda abertzale. De hecho, el propio PP ha sumado sus fuerzas a pesar de que la urbanización es uno de sus feudos electorales.

Uriagereka ha cogido el guante del pleno para defender el "interés general" del barrio. "Es una situación grave para el saneamiento y urgente para el abastecimiento. Actuamos frente a la inacción de la junta de propietarios", apunta. De hecho, La Bilbaína está abastecida con carácter de provisionalidad desde el Consorcio, a pesar de no estar conectada a la red general.

La regidora contrasta la actitud "constructiva" del Ayuntamiento frente a la "beligerancia" de la nueva junta de propietarios. "Los nuevos representantes se empeñan en mostrar al municipio como el enemigo", lamentó. Para superar el bloqueo, Uriagereka apela al "diálogo" en clave posibilista.

Pese a esta disposición, la junta mantiene su pulso con el Ayuntamiento iniciado desde el pasado julio. Su oposición trata de bloquear el convenio para evitar el pago del coste de la reparación de la red estimado en 6,66 millones de euros.

En este punto, Uriagereka recuerda el origen de la urbanización, que se construyó con el compromiso de los propietarios de asumir los gastos de mantenimiento y renovación de las infraestructuras. "Tienen que asumir la legalidad vigente en la urbanización. Algunos residentes a lo mejor no han sido conscientes de las condiciones existentes cuando compraron su casa", señaló.

La alcaldesa acepta el mantenimiento de las instalaciones siempre y cuando los propietarios las entreguen a punto. Esta postura supone un acercamiento a los vecinos que reivindican la equiparación de La Bilbaína como barrio para recibir más prestaciones por sus impuestos. "Son las condiciones que se exigen a cualquier otra urbanización del municipio y es imposible hacer excepciones", señala. A este respecto, la regidora recalca que los residentes han incumplido sus obligaciones al no realizar ninguna mejora en las infraestructuras de la urbanización en sus 35 años de vida.

En este punto, Uriagereka advierte del elevado coste de tantas reformas pendientes. "La puesta al día del sistema es inasumible para el Ayuntamiento de Mungia", recalca. De hecho, un estudio externo cifraba el coste para el Ayuntamiento en 55 millones de euros. Ante esta situación, el Ayuntamiento defendió sus intereses con una declaración de lesividad que certificaba su incapacidad para asumir el costo.

El Ayuntamiento ha decidido actuar ante el requerimiento de la Agencia Vasca del Agua, URA, que el pasado 5 de mayo establecía un plazo de 30 días para que la comunidad de propietarios presentase el proyecto de empalme de su sistema de saneamiento a la red general del consorcio.

Esta agencia constataba el "importante deterioro" de las instalaciones de la urbanización que "no cumplen con su función de depuración". De hecho, advierte que el vertido de las aguas residenciales de las viviendas infringe la normativa. Por este motivo, insta a los propietarios a conectar su red de aguas a la depuradora del Consorcio de Mungia. De este modo, advierte a la comunidad con sanciones de hasta 30.000 euros por las condiciones del vertido.

A las deficiencias en el saneamiento se unen las del abastecimiento desde septiembre de 2007, cuando el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco prohibió el uso de los embalses de Añibarri y Berriaga que abastecían las viviendas. Por si esto fuera poco, las deficientes canalizaciones generan la fuga del 70% del suministro. "Es una irresponsabilidad tratándose de un recurso escaso además de un despilfarro de dinero", lamenta.