Barakaldo. Un nuevo proyecto urbanístico parece atravesar por momentos difíciles en Barakaldo. La edificación de 152 viviendas protegidas en el barrio de Rontegi ha sufrido un importante frenazo después de que el concurso público haya quedado desierto. Ante esta falta de interés por parte de las empresas constructoras, el Ayuntamiento ha decidido revocar la antigua licencia de obras y replantearse de nuevo la operación para tratar de desatascarla, tal como explicaron ayer fuentes de la empresa foral Bizkailur. La actuación urbanística dio sus primeros pasos en 2005 con la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación y el Consistorio fabril, propietarios del suelo donde se van a promover dos bloques de pisos con sus correspondientes plazas de garaje y trasteros. Tras la aprobación del proyecto de reparcelación en marzo de 2008, el Consejo de Administración de Eretza, la sociedad municipal encargada de gestionar la construcción de pisos de protección local, aprobó a finales del año pasado los pliegos de condiciones para la enajenación del solar. Una operación que requería una inversión próxima a los treinta millones de euros y que incluía como carga la reurbanización del Grupo Mendia, cuyo coste supera los cinco millones de euros.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el Ayuntamiento de Barakaldo comprobó que ninguna empresa había concurrido al concurso, por eso, según indicaron ayer fuentes de la Diputación Foral, Eretza ha decidido realizar un nuevo proyecto que resulte más atractivo para atraer a empresas constructoras. Dentro de esta iniciativa, una actuación que llevó a cabo el viernes de la semana pasada fue revocar la antigua licencia de obras, que según el ente foral carece ya de utilidad, para evitar los costes económicos. El PP de Barakaldo denunció ayer la falta de información que ha acompañado a esta decisión y exigió la convocatoria urgente del consejo de administración de la sociedad Eretza para conocer los motivos que han motivado esta actuación del equipo de gobierno.

Familias realojadas La portavoz popular, Amaya Fernández, manifestó su "máximo preocupación" por la "situación de inseguridad" que, desde su punto de vista, se abre para las 19 familias que están realojadas provisionalmente desde más de un año a la espera de que se construyan estos pisos. Para la concejala, la renuncia a la licencia de obras supone que tanto la construcción como el realojo definitivo "se dilata sin fecha", lo que, advirtió, supondrá también un coste añadido para las arcas municipales que deberán seguir asumiendo el pago del alquiler. La edil del PP también lamentó las "expectativas frustradas" que esta determinación provoca en muchos jóvenes de la localidad que podían haber contemplado la posibilidad de acceder a una vivienda nueva en Barakaldo a un precio "interesante" que rondaría los 180.000 euros.

No obstante, Fernández no sólo mostró su inquietud con las consecuencias que puedan sufrir estos dos colectivos. La concejala popular recordó que la reurbanización del Grupo Mendia podría "quedar en el limbo" a pesar de la promesa que el propio alcalde hizo a los vecinos de la zona en 2006. Por eso anunció que su grupo va a presentar una iniciativa al Pleno municipal para financiar este proyecto con cargo a la nueva convocatoria del Plan E del Gobierno central.