Los dos Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Bilbao han acordado colocar distintivos de colores a los investigados para evitar un encuentro en sede judicial entre la víctima y el denunciado. El juez decano de la capital vizcaina, Aner Uriarte, explicó ayer esta medida, al parecer pionera en los juzgados estatales y objeto de crítica por parte del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, que considera que vulnera la presunción de inocencia y “la dignidad” de los investigados, y los somete a “una pena de banquillo adelantada”.

Uriarte remarcó en cambio que el objetivo de identificar por colores a los investigados, que también se extiende a los testigos y letrados, es que los funcionarios sepan “quién es quién” en cada caso concreto y prevenir una situación en la que coincidan denunciado y denunciante, y que suponga la revictimización de la mujer.

Uriarte precisó que no se trata de una norma, sino de “una forma de organización interna adoptada por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en su autonomía e independencia; no necesitan ningún permiso”, puntualizó.

Según añadió “si ya es duro denunciar e imputar una serie de hechos que pueden llevar a tu pareja o expareja a la cárcel, más duro es encontrártelo de sopetón en el juzgado cuando vas a declarar en su contra”.

Sobre la queja del Colegio de la Abogacía, Uriarte dijo que “puede gustar más o menos estar marcado con un color, pero no comparto que se vulnere la presunción de inocencia, porque es la misma, con color o sin color”. “Si estás allí eres un investigado y las magistradas solo adoptarán medidas en tu contra si encuentran indicios de delitos”, expuso y agregó, respecto a la identificación también de los abogados, que “se conoce públicamente” que estos profesionales se dedican a ejercer la defensa de delincuentes y de víctimas.

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Bizkaia exigió ayer que “con carácter inmediato, se proceda a la supresión” de este nuevo protocolo, ya que considera que “vulnera la presunción de inocencia, igualdad, dignidad y tutela judicial efectiva”.

En un comunicado, el Colegio informó de que el pasado 18 de julio, la decana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Maite Morillo, recibió el nuevo Protocolo de actuación en relación con la movilidad y circulación de las personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales.

Según explicó, la obligación de llevar distintivos ha generado un “profundo malestar” entre los letrados. Ante esta situación, la junta de gobierno de la asociación profesional ha instado ante la Secretaria Coordinadora de Bizkaia, el presidente del TSJPV y la directora de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno vasco a “rectificar de forma inmediata las distintas medidas acordadas”.

En su opinión, las medidas contenidas en el Protocolo de actuación respecto a la movilidad y circulación de las personas que acuden a las dependencias judiciales “son desproporcionadas e inútiles, tanto jurídica como éticamente reprobables, sin soporte legal alguno y contrarias a los principios de un Estado de Derecho”.