Surbisa arreglará de forma subsidiaria la precaria pasarela del ascensor de Begoña

Bilbao - El abandono es el mayor de los enemigos en lo que se refiere al mantenimiento de cualquier tipo de edificación, más aún si se trata de una construcción histórica alzada en 1947. Tres años en desuso han bastado para acentuar los problemas en la estructura del ascensor de Begoña. De hecho, el desprendimiento de una cristalera que ha caído en una de las comunidades de la calle Esperanza durante este mes de octubre es solo el último episodio en una larga lista de incidentes que ha afectado a los vecinos de la zona. La “situación de grave peligro” provocada por el estado del elevador ha obligado al Ayuntamiento de Bilbao a actuar de forma subsidiaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las obras de reparación, que ya están en marcha, tendrán un coste de 300.000 euros que se girarán al concesionario del servicio, inmerso actualmente en una batalla judicial con el Gobierno vasco.

Según informaron ayer fuentes municipales, los trámites para actuar de “emergencia” se iniciaron antes de que ocurriera el último desprendimiento denunciado por los vecinos durante la primera semana de octubre. Sin embargo, los trabajos de Surbisa -sociedad municipal encargada de gestionar la rehabilitación urbana de edificios y viviendas- a ejecutar en la pasarela horizontal del elevador comenzaron la semana pasada, por lo que no se pudo evitar el último derrumbe de una cristalera que cayó en la terraza de una vivienda del número 6 de la calle Esperanza. La gravedad de estos episodios ha motivado que el Consistorio actúe de forma subsidiaria sin esperar a que el propietario atienda al requerimiento realizado desde el Área de Obras y Servicios, después de que los técnicos de Surbisa hayan corroborado el mal estado del elevador en sus inspecciones rutinarias. De esa forma, el alcalde Juan Mari Aburto firmó una resolución el pasado 16 de octubre en la que autorizaba la actuación, que llevará a cabo Surbisa por valor de unos 300.000 euros, justificando que se trataba de una “situación de emergencia” por el “grave peligro que presenta la estructura que soporta la pasarela horizontal del ascensor de Begoña”.

La decisión pasará hoy por el pleno a través de una dación de cuenta en la que se adjudica la obra de reparación del elevador con valor patrimonial. Posteriormente, será el propietario de la edificación quien tenga que asumir los costes derivados del mantenimiento del ascensor.

Asimismo, está pendiente la comparecencia de Ricardo Barkala, concejal de Obras y Servicios, y de Alfonso Gil, concejal de Movilidad y Sostenibilidad, después de que Goazen Bilbao solicitara explicaciones a raíz del último desprendimiento ocurrido el pasado 7 de octubre. Según denunciaron, se trata de “la tercera ocasión en que este edificio sufre los efectos de la dejación y la desidia”. En palabras de Samir Lahdou, “no puede ser que el vecindario de los portales 6, 8 y 10 de la calle Esperanza tenga que vivir en un continuo estado de preocupación porque el Gobierno vasco, que es el competente en el elevador, no haga nada para restaurar la infraestructura y que el Ayuntamiento lo haga después de ocurrir accidentes”.

Desde el polémico cese de la actividad del histórico elevador en julio de 2014, la firma concesionaria Ascensores a Begoña S.A. y el Gobierno vasco mantienen una sonada pugna en los tribunales. La empresa que explotó el elevador durante más de 70 años adujo entonces que las pérdidas acumuladas desde 1996 -año en el que comenzó la actividad del ascensor de Metro Bilbao que enlaza el Casco Viejo con Mallona- hacían imposible la continuación del servicio. Por ello, solicitaban que se diera por caduco la adjudicación del servicio -cuya finalización esta prevista para 2045 al tratarse de una concesión de 99 años realizada en época franquista- además de alrededor de un millón de euros de indemnización. La administración vasca no solo se negó a aceptar la extinción de la concesión, sino que abrió un expediente de tasación para valorar económicamente las diferentes instalaciones.

Las últimas dos sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han determinado que la responsabilidad de la situación que derivó en el cierre del ascensor corresponden al Gobierno vasco. Se trata de una decisión que fue recurrida por Lakua, que actualmente trata esclarecer a través de un expediente de tasación de quién es la propiedad de la lonja que da acceso al elevador, lo que podría determinar a quién corresponden realizar las pertinentes indemnizaciones.