BILBAO. El que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que “es una buena iniciativa” arbitrar algún recurso que permita al Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Bilbao actuar con las personas que están en la calle y que presentan problemas mentales u otro tipo de dependencias y que no hacen uso de los recursos sociales. La iniciativa, que fue dada a conocer la pasada semana por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha sido objeto de la petición de una comparecencia del concejal del Políticas Sociales, Iñigo Pombo, por parte de EH Bildu.
Aburto dio a conocer la pasada semana su interés en buscar una vía legal que permita a los servicios sociales actuar con las personas que viven en la calle y que no usan los recursos asistenciales. Según dijo a este periódico el alcalde, “hemos abierto una vía de diálogo con la Fiscalía para buscar un recurso que permita a los Servicios Sociales dirigir a los centros asistenciales -albergues, entre otros- del Ayuntamiento, a las personas sin hogar que viven y duermen en la calle y que presentan problemas de salud mental o que sufren otro tipo de patologías.
Añadía el alcalde de Bilbao, que “la situación de las personas sin techo supone una quiebra de su dignidad” y que “hay gente sin hogar que lleva aparejadas tipologías diversas, lo que hace que no sean dueños de su propia situación”.
Calparsoro ha avalado esta iniciativa en declaraciones realizadas a DEIA. El que fuera fiscal jefe, cree que “es un a buena iniciativa dado que son personas con unas características específicas a las que hay que atender desde las instancias con competencias, municipales y de la Fiscalía”. En este sentido informa que “siendo todavía el fiscal superior mantuve una reunión en enero con el concejal Iñigo Pombo para abordar esta problemática, que es muy compleja pues la situación de esas personas es de importante vulnerabilidad, existiendo a veces riesgos para terceros y no es fácil darles las prestaciones pues no se dejan ayudar”.
Diálogo
De hecho, el alcalde ya apuntaba la necesidad de continuar con este proceso de diálogo con la nueva fiscal. “El objetivo es mejorar la vida de estas personas y también evitar los problemas que a veces generan sus conductas en el resto de los vecinos, se quieren explorar medidas novedosas que hasta ahora no se conocen en otras ciudades”, dijo el primer edil conocedor de que será un proceso difícil de desarrollar pero en el que está decidido a implicarse para buscar un recurso que beneficie a todos.
Por su parte, la concejala de EH Bildu, Alba Fatuarte, ha pedido explicaciones obre esta iniciativa. Este grupo municipal solicita “una estrategia más ambiciosa que no se limite a medidas superficiales de escaso recorrido legal”.
Sobre este asunto el director de Cáritas Bizkaia, Carlos Barreros, se pronunció ayer para invitar “a las administraciones a generar las plataformas que apoyen a estas personas, pero también hay que tener en cuenta la voluntad y libertad de la persona. Y las personas tienen sus ciclos vitales”.
