Bilbao - El Ayuntamiento de Bilbao ha reducido en 38 millones de euros el valor de los derechos para construir edificios de viviendas u oficinas en los últimos seis años y antes de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una cantidad de dinero que tendría que pagar las arcas municipales a los propietarios de solares a los que, por diversas razones, el Ayuntamiento les ha impedido construir todos los metros cuadrados que les reconoce el PGOU vigente todavía.
Aun así, todavía le resta por liquidar algo más de dos millones de euros, aunque desde el Ayuntamiento de Bilbao, su concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, confía en que “resolveremos esa deuda porque todavía tenemos tiempo hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan General, que está ahora en desarrollo y esperamos que esté listo para el año 2020”.
La razón es que ya son muy pocas las unidades de aprovechamiento (en la jerga urbanística UA) que les queda en cartera a la institución municipal. Abaunza detalla que “exactamente son 1.102 unidades que están repartidas en un total de siete calles de la ciudad sumando el mayor número de ellas en la calle Particular de Costa, ubicada en la zona de Abando”.
La resolución de esta deuda se ha debido a una actuación previsora que se remonta a finales de la década pasada cuando el Ayuntamiento empezó ya a pensar en la actualización del Plan General de Ordenación Urbana actualmente en vigor y que fue aprobado en 1995.
Obligación de la legislación La legislación urbanística vigente en el momento de redactar y aprobar el PGOU, que ha marcado el desarrollo urbanístico de la ciudad que hoy conocemos, establecía una obligación vinculante. Especificaba que finalizada su vigencia al aprobarse un nuevo PGOU, el Ayuntamiento tiene que abonar a los propietarios el valor económico de las unidades de aprovechamiento urbanísticas no ejecutadas, siempre y cuando haya sido por condiciones urbanísticas que ha impuesto el Consistorio a los propietarios de los solares afectados.
Asier Abaunza pone un ejemplo. “Un propietario puede tener derechos urbanísticos para construir un edificio de hasta ocho plantas pero, por necesidades de planeamiento de la ciudad y para que todas la manzana tenga la misma altura, solo se le puede permitir levantar hasta cinco pisos. Lo que no puede construir sobre su propio terreno se traduce en unas determinadas unidades de aprovechamiento urbanístico”.
¿Y qué pasa con esas UA sobrantes? El Ayuntamiento creó una especie de fondo donde cada propietario de esas unidades las registra tanto para certificar sus derechos como también para poder negociar con ellas. Abaunza detalla que “también hay ejemplos contrarios. Dueños de solares que no tienen suficientes derechos urbanísticos para su parcela y necesitan adquirirlos”. Es cuando acudiría a este registro municipal para negociar con otro poseedor de UA su compraventa “en una negociación particular en la que el Ayuntamiento no entra”, especifica el edil.
Casuísticas varias Pueden darse multitud de casuísticas en esta especie de bolsa de valores urbanísticos. Desde herederos que quieren valorizar en euros esas UA y sacar un buen rendimiento ante un constructor con prisa, hasta casos de gente que necesita el dinero y lo vende por debajo de su valor de mercado.
La cantidad de los derechos urbanísticos inscritos en este registro municipal ha ido creciendo con los años hasta 2010, año en que alcanzó su cifra máxima, con casi 40,5 millones de euros.
La crisis económica y la falta de construcción alimentaron este aumento que, a partir de entonces, ha ido decreciendo. A enero de 2011 eran 38,67 millones; en 2013 bajaron a 33,45; al año siguiente la rebaja fue de calado y quedaron en 17,58 millones, los cuales descendieron a 3,6 en 2015 y los referidos 2,3 millones del pasado ejercicio.
Abaunza explica que, además de la reactivación económica, el descenso de esa cifra se ha debido también a que “desde el Consistorio hemos incentivado su rebaja” con diferentes herramientas. Han puesto en contacto a propietarios que tenían intereses confluyentes de compra y venta, se han posibilitado operaciones con pisos de VPO y también desde el Ayuntamiento se ha pagado por esas UA por interés de la ciudad. Unos abonos estos últimos que entre 2010 y 2015 han supuesto para el municipio un desembolso de poco más de cinco millones de euros.
El concejal de Urbanismo especifica que las actuaciones que han llevado a cabo desde el área los últimos equipos de gobierno y el actual “han tenido el mismo objetivo económico de alcanzar la deuda cero que tienen los presupuestos municipales desde hace años”.
Concluye que “de no haberse llevado a cabo este intercambio de aprovechamientos nos hubiéramos encontrado con 40 millones de euros o más, cantidad que hubiéramos tenido que pagar a tocateja a los propietarios al culminar el actual Plan General de Ordenación Urbana”.
