BILBAO - El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, aprovechó el respaldo que le dieron los grupos de la oposición -solo el PP se abstuvo- para devolver a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) el tirón de orejas que este organismo dio al Ayuntamiento la pasada semana en un informe en el que señalaba que se había excedido en sus competencias al prohibir la apertura de nuevos locales hosteleros en el Casco Viejo. “Me parece que cada vez más es un informe de parte y con sus declaraciones se deslegitima”, señaló. Así, sin atender a las recomendaciones de este organismo el pleno aprobó regular la implantación de nuevos establecimientos en las Siete Calles para impulsar un desarrollo urbano sostenible.
No es lo habitual, pero todos los grupos de la oposición respaldaron ayer esta ordenanza, aparcando ciertas reservas que marcan la diferencia de los grupos, pero votando a favor de las coincidencias. Solo el PP se abstuvo, según señaló, por las dudas que en su planteamiento ha sembrado el informe de la AVC.
Este organismo estimó en un informe no vinculante que las limitaciones impulsadas por el ayuntamiento “no pueden considerarse necesarias” y pidió al consistorio que adoptase medidas “menos lesivas”. Ayer, el alcalde salió al paso de estas declaraciones de las que dijo que “es una pena”. El regidor mostró su “satisfacción” por el grado de consenso alcanzado en este asunto con vecinos, hosteleros y comerciantes y destacó que el objetivo de la medida es “tener un Casco Viejo mejor para los bilbainos”.
El concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, dijo que el informe de Competencia es “estrictamente economicista y omite la potestad del ayuntamiento para preservar el entorno urbano y la calidad medioambiental, que son precisamente las cuestiones que han impulsado a actuar al consistorio.
Abaunza concretó que Competencia “no ha hecho un análisis completo de lo que sucede en el Casco Viejo” y dijo que con la limitación hostelera el Ayuntamiento busca resolver los “problemas de convivencia entre los diferentes usos y su impacto vecinal”.
Lander Etxebarria, de EH Bildu, opinó que con las limitaciones establecidas “igual se ha quedado un poco corto” el Ayuntamiento al dejar fuera del plan a los restaurantes sin barra y a las terrazas, pero en todo caso dio su apoyo a la nueva reglamentación. Al igual que Carmen Muñoz, de Udalberri, para quien “aunque llega tarde esta ordenación, llega. Por este motivo, mantenemos nuestro apoyo atendiendo la demanda de comerciantes, hosteleros y vecinos”. El portavoz de Ganemos Goazen, Francisco Samir Lahdou, puso de relieve que el Casco Viejo, para cualquiera que pasee por allí, está “a todas luces saturado” de bares y se mostró de acuerdo con el concejal de Planificación Urbana porque es un paso para salvaguardar la actividad de esta zona.
Solo el portavoz del PP, Luis Eguíluz, reculó, en cierta forma, tras conocer el informe de la AVC. “Nos ha hecho darle una pensada al asunto y preguntarnos si las restricciones a los bares son una solución, aunque estoy acuerdo con aplicar algún tipo de limitación”.
Inspección e edificios El pleno aprobó otra ordenanza referida a la conservación de los edificios, aunque en este caso no contó con el mismo consenso. La ordenanza sobre reparación, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles marca el calendario para la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a la que deben someterse más de 7.000 inmuebles de la capital vizcaina antes de 2018.
La ordenanza ha sido aprobada por el pleno municipal con los votos a favor de PNV y PSE y del PP, mientras que EH Bildu, Udalberri y Ganemos Goazen se pronunciado en contra al considerar que no aborda los problemas de fondo. Estos grupos criticaron que se trata de un texto “simplista”. Incluso el portavoz de Bildu, Lander Etxebarria, apostilló que “da la impresión de que no se quiere intervenir”.
Según Abaunza, “hemos tratado de que fuera un texto legible para todo el mundo”. Pero, sus explicaciones no convencieron a estos partidos. Carmen Muñoz, de Udalberri, estimó que la ordenanza es “claramente insuficiente”, y Francisco Samir Lahdou, de Goazen Ganemos, dijo que tampoco le “convence”, mientras que Luis Eguíluz, del PP, consideró el proyecto “sustancialmente válido”.