Bilbao - El Ayuntamiento de Bilbao endurecerá el control sobre las ayudas sociales de emergencia social. A partir de ahora, realizará visitas a los domicilios de los perceptores, para comprobar que el dinero para adquirir mobiliario y electrodomésticos se emplea con ese fin. El concejal de Acción Social, Juan Félix Madariaga, destacó ayer que el fraude en este ámbito en Bilbao “no es importante”, pero seguirán implementando nuevas medidas para seguir realizando un control efectivo de las ayudas. “Queremos que sea una herramienta para asegurar que las ayudas llegan a las personas que cumplen con los requisitos de accesos y con los compromisos adquiridos”, subrayó Madariaga.

El Ayuntamiento comenzó en 2007 a realizar un control “pionero” sobre las ayudas de emergencia social, que el año pasado se elevaron hasta las 5.055, con un importe de en torno a 4,4 millones de euros y una media de 830 euros por ayuda. Una vez concedida la ayuda -que cubre desde el pago de la luz, la adquisición de electrodomésticos o el alquiler, entre otros-, el perceptor debe justificar posteriormente, a través de una factura, el destino del dinero. Para ello tiene un plazo de tres meses; si en ese tiempo no presenta la factura, se le sanciona impidiéndole recibir más ayudas municipales durante cuatro años.

Actualmente, 589 personas -lo que representa uno de cada seis perceptores- no han justificado las ayudas concedidas en 2013. Se trata de una cifra que va disminuyendo a medida que avanza el tiempo y así, por ejemplo, únicamente están sin justificar 256 de las ayudas concedidas en 2010, cuando el mismo año se alcanzaron cifras similares. “No hay un fraude como tal, sino que son personas que no se acuerdan de justificar las ayudas o creen que no tienen que hacerlo”, explicó el concejal de Acción Social. A estas personas se les reclama la devolución de las ayudas, aunque Madariaga admitió que esta vía tiene un recorrido “prácticamente nulo; son personas que no tienen capacidad, se declaran insolventes”.

Entre las novedades, destaca la comprobación in situ, a través de inspecciones aleatorias y de oficio, de que las ayudas para adquirir mobiliario y electrodomésticos se destinan a los fines para los que se han concedido. Para ello, los solicitantes firmarán un consentimiento expreso para permitir la entrada en su vivienda de personal autorizado del Ayuntamiento para verificar la correcta utilización de la ayuda recibida. Actualmente, casi una de cada tres ayudas de emergencia social se destina a equipamiento básico de las viviendas.

El Consistorio firmará también convenios de colaboración con odontólogos y optometristas para controlar de forma más efectiva de las ayudas concedidas para adquirir unas gafas, por ejemplo, y actualizar los precios. Madariaga admitió que se han encontrado con varios casos de facturas “falsas” para justificar la compra de muebles, electrodomésticos o tratamientos dentales. “Hay facturas que tienen líneas escritas con ordenador y otras a mano”, explicó el concejal de Acción Social. “Se llama a los establecimientos para comprobar”.