Bilbao - El caso del polideportivo de La Peña que ha venido enfrentando en los tribunales a los arquitectos diseñadores de la instalación y el Ayuntamiento de Bilbao durante los últimos cuatro años se ha cerrado definitivamente a favor del Consistorio.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado sentencia a favor de Bilbao Kirolak, la sociedad municipal que gestiona los polideportivos de la villa. Los jueces han fallado que, a excepción de restar la partida correspondiente a asesoría jurídica, los condenados en la anterior instancia judicial, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao número 5, deberán asumir “el importe de los daños y perjuicios causados”, una cantidad que asciende a 239.716 euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso DEIA.

Contra esta decisión del TSJPV ya no cabe recurso alguno por lo que Bilbao Kirolak, la sociedad actual responsable de las instalaciones deportivas de la capital, va a reclamar el pago a los arquitectos para lo que les dará un plazo de un mes. En caso de que no abonen el dinero, la sociedad ejecutará el aval que la parte contraria tiene depositado en el juzgado y cubre casi el cuarto de millón de euros indicado.

desde 2002 El culebrón del polideportivo de La Peña se remonta a 2002 cuando el entonces Instituto Municipal de Deportes decidió construir unas instalaciones deportivas en este barrio bilbaino y adjudicó por algo más de 200.000 euros la dirección de obra y el proyecto a un grupo de cinco arquitectos constituidos en una unión temporal de empresas.

En el transcurso de las obras se ejecutó una polémica ampliación del proyecto (la concejalía entonces en manos de EA no convocó licitación pública del trabajo) para incluir un garaje de residentes y que supuso un ingreso añadido para los arquitectos de casi 184.000 euros. El problema vino cuando entraron en servicio las instalaciones y empezaron a registrarse condensaciones, fisuras en el parking, losas caídas y desconchones en la fachada de la piscina.

defectos de diseño El nuevo concejal responsable, Jon Sustatxa, de Ezker Batua, encargó un peritaje de los defectos a Labenin-Tecnalia para conocer su origen, el cual indicó que la culpa era del diseño del equipo de profesionales. Con el informe en la mano, el Ayuntamiento sancionó a los profesionales con 500.000 euros por su mala praxis, partida en la que se incluía el costo de su trabajo, de las reparaciones, el importe del informe pericial y los gastos jurídicos.

Los arquitectos no aceptaron el pago de la sanción y recurrieron a la vía Contenciosa Administrativa para evitar el pago, pero no lo consiguieron, al menos en parte. Una sentencia en junio de 2011 fijó en el 50% su responsabilidad económica, pero tampoco estuvieron de acuerdo y acudieron al TSJPV. Ahora es esta instancia superior la que ha dado definitivamente la razón a las tesis municipales. - Alberto G. Alonso