Vivienda exige a Idealista retirar anuncios de VPO con “sobreprecio encubierto”

En el marco de su estrategia contra las prácticas irregulares en el mercado inmobiliario, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vascoenvió este martes por primera vez un requerimiento al portal Idealista. Y lo hizo para que revise de forma inmediata los anuncios de viviendas de protección oficial (VPO) y retire aquellos que incluyan “pagos adicionales encubiertos”, una práctica que el Ejecutivo de Imanol Pradales considera incompatible con la normativa vigente.

En la notificación el Departamento avisa de que se realizarán inspecciones para comprobar que los anuncios han sido efectivamente retirados y que no persisten las llamadas prácticas de “sobreprecio encubierto”. El objetivo, según el Gobierno Vasco, es cerrar cualquier grieta que permita encarecer de forma irregular este tipo de vivienda protegida.

Campaña de Kontsumobide

En paralelo, el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha iniciado una campaña de control sobre el terreno digital inmobiliario. El organismo ha rastreado 43 páginas web —40 de agencias y 3 grandes plataformas de intermediación— para comprobar si cumplen con los requisitos legales de transparencia en la oferta de alquiler.

El resultado del rastreo inicial es contundente: ninguna de las webs analizadas cumplía íntegramente con los requisitos legales. Entre las irregularidades más repetidas destaca la falta de mención a la condición de “zona tensionada”, un elemento clave que condiciona precios, derechos y obligaciones en el contrato de alquiler.

También se han detectado otras omisiones relevantes, como anuncios que no informan de la renta anterior del inmueble en los últimos cinco años, la ausencia del índice de referencia de precios aplicable o la falta de datos económicos básicos para el consumidor. En definitiva, información incompleta en un mercado donde la transparencia es obligatoria.

Ante este panorama, Kontsumobide ha anunciado el inicio de una segunda fase de control, ya con carácter sancionador, para comprobar si las empresas corrigen o no los fallos detectados.

Además, el organismo ha remitido comunicaciones a los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y a los principales portales para trasladar los resultados del informe y recordarles sus obligaciones legales. En esas advertencias se insiste en que la información publicitaria debe ser “veraz, eficaz y suficiente”, y se subraya la prohibición de trasladar al inquilino gastos que no le corresponden, como los de gestión inmobiliaria o formalización del contrato.