La Audiencia de Valladolid será la encargada de resolver si el militar Jorge M.S. deberá declarar en persona o a través de videoconferencia en el juicio por delito de violencia de género contra su expareja, a su vez compañera sentimental del vecino de Viana de Cega a quien apuñaló mortalmente por celos la madrugada del 14 de enero en dicha localidad vallisoletana.
La disyuntiva la ha hecho valer su abogado defensor ante la titular del Juzgado de lo Penal número 2, a la que ha recordado que el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial para que su cliente declare en persona en el juicio previsto para este jueves estaba aún por resolver, una vez que el de reforma ha sido desestimado, y por ello ha pedido a la juzgadora, con éxito, la suspensión de la vista oral hasta obtener un pronunciamiento del citado tribunal.
La petición, recogida por Europa Press, ha sido estimada por la jueza tras escuchar también a la fiscal del caso y al abogado de la acusación particular, que no han puesto objeción alguna a la suspensión para evitar una posible nulidad posterior. Así, el juicio ha quedado pospuesto para el día 11 de septiembre, a partir de las 09.30 horas.
La decisión de la juzgadora la ha podido escuchar también el propio acusado, quien ha comparecido a través de videoconferencia desde la cárcel Militar de Alcalá de Henares, a la que ha sido trasladado desde la de Villanubla dada su condición de militar.
Coacciones, maltrato y acoso
El acusado se enfrenta a una posible condena global de dos años y diez meses de cárcel por delitos de coacciones, maltrato y acoso que presuntamente habría cometido sobre su expareja y entonces novia del apuñalado, según la petición de la Fiscalía vallisoletana a la que pretende adherirse el día del juicio el nuevo letrado que se ha hecho cargo de la acusación particular, que también piden la prohibición de acercarse y comunicar con la víctima por espacio de cinco años y diez meses.
El delito de maltrato se habría producido la misma noche del crimen y los otros dos casi un año antes cuando el acusado y la denunciante ya no eran pareja. Uno de los hechos denunciados tuvo por escenario la casa de él, en Valladolid, y el otro se registró en plena calle en Viana de Cega.
El anterior abogado de la denunciante, ahora sustituido por otro, había calificado los hechos como un delito de acoso y otro de maltrato y pedía inicialmente doce meses de prisión por el primero y nueve meses por el segundo, junto con las preceptivas prohibiciones de acercarse y comunicar con la víctima por espacio de dos años y un año, respectivamente.
Suspensiones
El juicio estaba previsto que se celebrara el pasado día 30 de enero, aunque fue suspendido por el Juzgado de lo Penal 2 después de que el abogado de la víctima invocara nulidad de actuaciones y que las mismas se retrotrajeran al momento de formulación de los escritos de acusación, previo informe del forense sobre las lesiones o cortes en las manos sufridos por la mujer, petición de nulidad que fue rechazada finalmente.
El acusado se encuentra desde el pasado día 15 de enero en prisión provisional, comunicada y sin fianza en virtud del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 —del caso, sin embargo, se ha hecho cargo Instrucción 4—, después de que ese día fuera puesto a disposición judicial donde, al igual de lo ocurrido en la Comandancia, se acogiera a su derecho de no declarar.
En la causa abierta por asesinato, además de Fiscalía y dos acusaciones particulares, se ha personado como acusación popular la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), al igual de lo que ya hiciera el pasado año con motivo del tiroteo ocurrido en julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, donde un vecino de la localidad mató a tiros a otro convecino y a un mando de la Guardia Civil que se había desplazado desde Madrid con el fin de convencer al autor para que se entregara.
