“El acceso a la vivienda es un derecho humano”. Así lo subrayó el Ararteko, Manuel Lezertua, que sostuvo que “resulta incuestionable” que el derecho al acceso de una vivienda “digna y adecuada”, además de conformar “un derecho humano con naturaleza jurídica propia, se ha consagrado también como garantía en el ejercicio efectivo de otros derechos”.

Es el caso, por ejemplo, de “una educación y formación continua, tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos”. Lezertua realizó estas afirmaciones en la inauguración ayer jueves en Donostia del curso de verano de la UPV/EHU El derecho a la vivienda y su proyección a algunas situaciones de exclusión residencial grave o de precariedad residencial. Intervención de los poderes públicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, organizado por la institución del Ararteko.

En su intervención, señaló que “las situaciones de pérdida de la vivienda como residencia habitual, las graves dificultades en el acceso o la ausencia misma de alojamiento deben ser tratadas con especial preocupación y rigor por los agentes que participan en la confección de las políticas públicas, por su impacto en la vida de las personas y en la prevención de la pobreza infantil, por ser la única manera de hacer frente a las desigualdades generacionales”.

Este curso pretende “fijar el foco de atención en situaciones concretas, analizar el desafío que supone la puesta a disposición de una alternativa habitacional para los casos más graves, conocer las políticas públicas dirigidas a paliar las situaciones de las personas sin hogar”, así como debatir en torno a las dificultades de las personas con precariedad residencial para el acceso y mantenimiento de una vivienda.

atención ciudadana

También está orientado a detectar factores “clave” en la atención a las personas con necesidades de vivienda, especialmente en situaciones urgentes, con la intervención de los servicios sociales municipales, aplicando soluciones provenientes de los procedimientos de adjudicación extraordinaria, la coordinación entre administraciones y la derivación a recursos especializados.