El anterior presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) y doctor en Derecho, Juan Luis Ibarra, ha reclamado la modificación del Código Civil para que los niños nacidos en tránsito migratorio dejen de ser apátridas.

De esta forma, se ha referido a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Gipúzcoa, que ha reconocido la nacionalidad española de origen a una niña apátrida nacida en tránsito migratorio a España.

La menor, residente con su madre en San Sebastián, pese a haber nacido en Marruecos, no estaba inscrita en ningún registro ni tiene pasaporte, por lo que no podía ser dada de alta en el padrón de la capital guipuzcoana ni acceder a servicios sanitarios o educativos.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Ibarra ha dicho que "lo más inmediato", tras esta sentencia, es reformar el apartado del Registro Civil que impide a este tipo de menores su registro, para después modificar el Código Civil y que recoja "este supuesto", de manera que los menores no se mantengan en una situación de "apatridia". "Es decir, que no se mantengan en una situación de no ciudadanía, y no nacionales de ningún Estado", ha añadido.

Según ha explicado, la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipúzcoa no corrige "un vacío legal" porque existe un mandato "clarísimo" del Derecho Internacional, recogido a su vez en el Derecho español, "para que todos los niños desde su nacimiento tengan una nacionalidad, y estén inscritos en un registro civil".

"O sea, que no es tanto un vacío legal como el hecho de que el Código Civil no recoge expresamente este supuesto. Al no recogerlo expresamente, ha sido necesario que un tribunal haga una interpretación extensiva para incluirlo", ha aclarado.Sin pasaporte, sin acceso y sin derecho

Ibarra ha recordado la situación de indefinición en la que vive la menor --"llamémosle Anna"-- por ser apátrida. "Al ser apátrida, no tiene pasaporte. Al no tener pasaporte, no está inscrita en ningún registro, y al no estar inscrita en ningún registro, ningún ayuntamiento le puede empadronar. Al no estar empadronada, no tiene acceso a los servicios básicos, no tiene acceso, como derecho, a la Sanidad Pública, a la Escuela Pública y, cuando crezca, no tendrá derecho a comprar un coche, porque le pedirán el pasaporte, ni a poderse casar", ha destacado.

Todas estas circunstancias en las que están un número creciente de niños que nacen en el en el tránsito migratorio de sus madres, ha relatado el jurista, se pusieron de manifiesto por la defensa de esta niña, al entender que, en su caso, "se vulneran los derechos fundamentales de la convención de los Derechos del Niño que está en vigor en España desde 1990 y, por lo tanto, obligaría a una lectura distinta de la actual Código Civil".

"Y esto es lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, entender que el principio de mayor protección del menor obliga a interpretar el Código Civil en el sentido de incluir este supuesto", ha continuado.

Según Juan Luis Ibarra, si se confirma la sentencia, de no ser recurrida al Tribunal Supremo, o si el alto tribunal la ratifica, si se impugna, afectaría "a un número de importante niños, que en este momento son invisibles para el Derecho Civil, para la Administración y, sobre todo, son invisibles en términos de ciudadanía, es decir no pueden decir que son ciudadanos".Al menos 100 niños apátridas al año

El jurista ha asegurado que no hay estadísticas de cuántos niños están en la misma situación que Anna, pero que sí se conoce que en 2021 hubo 996 mujeres que llegaron a las costas españolas acompañadas de bebés. "Entonces la fundación Arco Iris, en cuyo programa O2 lleva este tema, cree que no menos de un 10% de estos niños han nacido en el viaje migratorio de sus padres, por lo tanto, estaríamos hablando de no menos de 100 niños al año", ha enfatizado.

Aunque no ha tenido acceso ni a la educación ni a la sanidad pública, Anna ha encontrado "solidaridad", tanto en el centro educativo privado que la acoge, como en la asistencia médica que se le ha prestado pese a carecer de cartilla sanitaria.

Su madre siempre ha mantenido, ha concluido Ibarra, una gran preocupación, por el hecho de que, "si un día tuviera que justificar que su niña existe, no podría hacerlo, porque no está inscrita en ningún registro ni tiene un Estado que reconozca su nacionalidad".