Antropólogo especializado en la investigación sobre diversidad sexual

José Ignacio Pichardo Galán: "Urge la reacción de las instituciones públicas ante tanta agresión homófoba"

El antropólogo José Ignacio Pichardo apremia a los dirigentes políticos a que intervengan ante el hostigamiento al colectivo LGTBI. "Es una cuestión de derechos humanos, algo que no admite discusión", alerta el profesor de la Universidad Complutense de Madrid

13.09.2021 | 01:12
José Ignacio Pichardo Galán.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó una reunión urgente de la Comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio. Esta iniciativa coincide en el tiempo con un incremento de las agresiones homófobas en el Estado, al que se sumó la pasada semana la confusión generalizada tras una falsa denuncia en Madrid.

Flaco favor a la lucha por el respeto a la diversidad sexual ha hecho el caso Malasaña...

—Las denuncias falsas siempre perjudican a la lucha por la justicia del conjunto de la sociedad. Que la supuesta agresión en Malasaña al final haya resultado ser una relación consentida no empaña para nada la denuncia de lo que estamos viviendo. Los datos indican un incremento de las agresiones homófobas, con un nivel de violencia también creciente.

¿Hay grupos organizados tras las agresiones a personas LGTBI?

—El colectivo siempre ha estado expuesto a la violencia y la homofobia, pero últimamente se están disparando las alarmas, como pudimos comprobar con la agresión grupal a Samuel en A Coruña.

El viernes se reunió la Comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio. ¿Cuál es la tarea más urgente?

—Primero hay una tarea legal pendiente, con el desarrollo del anteproyecto de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El texto del anteproyecto, que se aprobó en el Consejo de Ministros el 29 de junio pasado, contiene una batería de medidas destinadas a prevenir estos delitos y también a sancionar los de odio.

¿Es suficiente?

—No. Las políticas públicas, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas y ayuntamientos, tienen que plantearse esta realidad. Es decir, deben prevenir las agresiones homófobas, y detectarlas e intervenir cuando se producen.

¿Urge?

—Sin duda. Es una cuestión de derechos humanos, algo que no admite ningún tipo de discusión. Toda persona tiene derecho a vivir una vida sin violencia. Nadie tiene que estar expuesto a ningún tipo de agresión. Urge la reacción de las instituciones públicas ante tantas agresiones homófobas. No podemos mirar hacia otro lado. Si estamos viendo que la orientación o la identidad sexual constituye un riesgo, hay que abordarlo con la máxima urgencia. Somos las personas LGTBI las que sufrimos esa falta de reacción cuando se produce una agresión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo el pasado jueves que no se puede "frivolizar" con las agresiones homófobas, puesto que se identifican comportamientos cada vez más violentos.

—Es lo que demuestran los datos que están recabando los distintos cuerpos policiales. El problema está en todas aquellas vulneraciones de derechos que no trascienden. Sigue existiendo un problema a la hora de denunciar estos hechos, algo en lo que no va a ayudar precisamente la falsa denuncia de Malasaña, que no hace sino aumentar las dudas. Lo importante es hacer investigaciones y estudios para saber qué está pasando y estudiar qué medidas se pueden tomar para que no ocurran estas agresiones.

La extrema derecha en Euskadi es testimonial. Usted que vive en Madrid, ¿qué clima social percibe?

—La extrema derecha sigue siendo una minoría en el conjunto del Estado, pero ojo. Una minoría que va en aumento y se ha radicalizado. Se sienten legitimados para distorsionar la realidad y lanzar insultos a cualquier precio. Estamos asistiendo a un viraje bastante preocupante. Hasta ahora existía un consenso, también en la Comunidad de Madrid, por el cual determinadas expresiones o agresiones eran totalmente reprobables. Nadie tenía dudas, no tenían cabida. Ese consenso se está rompiendo y las agresiones son cada vez más cotidianas y visibles.

¿No cree que la manipulación de la verdad alcanza ya el esperpento? El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, vinculando la agresión de Malasaña, que no existió, con la inmigración ilegal...

—Desde luego. Si inventada fue la agresión, también lo fue la acusación de que la inmigración estaba detrás de ello. Este tipo de discursos no tienen ninguna base. Vivimos en la era de la posverdad, en la que se habla y se habla sin ninguna base. El problema es que esos discursos acaban calando.

Conviene recordar que una de las únicas personas que defendió a Samuel Luiz mientras le pateaban en A Coruña hasta la muerte al grito de "maricón" se llama Ibrahima Shakur: un inmigrante senegalés sin papeles.

—Así es. A pesar de ello, desde estas fuerzas extremistas se insiste hasta la saciedad en que la violencia no tiene género sino nacionalidad. Además de ser falso, las agresiones homófobas están muy vinculadas a la cuestión de la masculinidad. Es decir, se construye como un rechazo a la homosexualidad. Trabajamos en centros escolares, donde se detectan comportamientos por los cuales parece que despreciar a los gays le hace a uno más macho. Aunque es una idea que se va desterrando, todavía hay personas que lo creen.

¿Es habitual en los centros?

—Sí. Muchas veces son actuaciones en grupo. Comportamientos siempre pendientes de lo que piensan los demás.

¿Qué quiere decir?

—Que muchos escolares callan cuando a una persona le están insultando, o le están llamando maricón. No actúan por miedo a que le identifiquen con el colectivo. Hay quienes actúan en las agresiones activamente, y otros por omisión. Si la mayor parte de la sociedad es respetuosa con la identidad afectivo-sexual, ¿por qué se permite que una minoría imponga su norma homofóbica?

¿Los equipos docentes están sabiendo abordar esta realidad?

—Se están haciendo cosas. En la Comunidad de Madrid existe una ley que obliga a trabajar todo ello dentro del aula. Obviamente, se puede y se debe hacer más porque el acoso y las agresiones persisten.

¿Por ejemplo?

—Formar más y mejor al profesorado. Parte del profesorado no tiene las herramientas necesarias. También es muy importante que los docentes se sientan respaldados. Las leyes autonómicas obligan a los profesores a velar por el respeto entre los alumnos y evitar insultos y situaciones de acoso. Si la identidad sexual se está convirtiendo en motivo de discriminación, los profesores están obligados a intervenir para revertir esa situación.

Ikusgune, el Observatorio vasco contra la LGTBIfobia, organizó en Gasteiz un acto de apoyo a una niña de doce años que ha sufrido en dos ocasiones acoso por parte de un grupo de menores por llevar una bolsa con los colores del arcoíris. ¿Qué opina?

—En primer lugar hay que decir que por llevar los colores arcoíris no quiere decir que esa persona sea LGTBI. De hecho, cada vez vemos más personas que no son del colectivo y que utilizan la bandera del orgullo para mostrar su respeto. La mayor parte de la población respeta la diversidad sexual. La respuesta que ha dado el padre de la niña, llevando la misma mochila, es una muestra de que no hace falta ser LGTBI para defender los derechos de las personas. No es solo una cuestión de políticas. Todos y todas en nuestro entorno cotidiano tenemos algo que hacer: defender el derecho a la diversidad en el sentido más amplio.

"Que la agresión en Malasaña al final haya resultado ser una relación consentida no empaña para nada la denuncia de lo que estamos viviendo"

"Las políticas públicas estatales y de comunidades y ayuntamientos, tienen que plantearse esta realidad"

"Si estamos viendo que la orientación o la identidad sexual constituye un riesgo, hay que abordarlo con la máxima urgencia"

"Si inventada fue la agresión, también lo fue la acusación de que la inmigración estaba tras ella; son discursos sin base"


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