La responsable del programa de donación y trasplantes del Consejo de Europa, Marta López-Fraga, avisó de que “ningún país” está exento de la posibilidad de tráfico de órganos o trata de personas. López-Fraga se pronunciaba así en una publicación del Consejo de Médicos (CGCOM), donde aborda la situación actual de la trata de personas y el tráfico de órganos. “El tráfico de órganos y la trata de personas a veces son lo mismo. En la trata de personas se requiere una persona viva, que es víctima y sufre coacciones, abusos o secuestro y, el tráfico de órganos, a veces se dan esas circunstancias, pero a veces la persona que da el órgano puede estar de acuerdo con venderlo, de modo que no ha sido sometido a ningún tipo de coacción o abuso, y puede ser también que el órgano provenga de una persona fallecida, con lo cual tampoco es una víctima de trata”, detallaba.Se estima que entre el 5 y el 10% (entre 3.400 a casi 7.000 riñones por año) de todos los trasplantes renales que se realizan actualmente en el mundo son resultado de prácticas ilícitas. Aunque, tal y como reconoció la experta, en realidad nadie tiene datos “fiables” que puedan dar una idea de cuál es la escala real del problema, y esto posiblemente sea una subestimación. “El negocio es muy lucrativo, porque los receptores habitualmente pagan entre 70.000 y 160.000 dólares por un órgano, y los donantes o las víctimas reciben muy poco dinero o nada, de modo que todo ese dinero va a una serie de intermediarios que son los que se encargan de montar las redes, organizar, hacer los preparativos o incluso realizar los trasplantes”, denunció.

En este sentido, informó de un episodio detectado en España en 2010. Un paciente necesitaba un trasplante de hígado y tras ser evaluado en varios centros no tuvo indicación positiva, así que decidió viajar a China y comprar un hígado por el que pagó 130.000 euros “y por el destino al que fue probablemente el donante fue una persona ejecutada, así que esto sería un típico caso de tráfico de órganos”. “Al volver, el hígado que compró falló y tuvo que ser trasplantado en España”, apostilló.

Intercambio de datos

Con el fin de estudiar la situación del tráfico de órganos, en el Consejo de Europa se ha creado una red internacional. Anualmente, se registran los datos sobre pacientes que viajan a otro país para trasplantarse. Esto puede ser lícita o ilícitamente, ya que hay personas que pueden viajar a otro país porque su familia vive allí y les conviene viajar, o que haya un acuerdo bilateral entre dos países para trasplantar a ciertos pacientes en otro lugar. “Nosotros lo que hacemos es recoger los datos de cualquier paciente que viajó al extranjero y como se trata de datos muy pormenorizados podemos identificar cuáles son potencialmente sospechosos de turismo de trasplantes. Este trabajo está permitiendo entender más la dimensión del viaje para trasplante, cuáles son los países implicados y los puntos calientes, etc. Tradicionalmente se pensaba que era una cosa de países en vías de desarrollo, pero estamos viendo que sucede en todas partes”, anunció.

Actualmente hay protocolos de coordinación sobre este asunto en treinta y cuatro países “y hemos recogido ya datos de veintiséis, de modo que hay cerca de 400 personas registradas en la base de datos y se ha podido identificar algunos de estos casos como posibles situaciones de tráfico, de trata o de turismo de trasplante”, enfatizó.

Dicho esto, la experta destacó la necesidad de que todos los países trabajen para conseguir ser “autosuficientes” en trasplantes. “La gente recurre al tráfico y la trata porque no consiguen trasplantarse con un órgano que necesitan, de modo que si los países tuvieran suficientes órganos no sucedería”, dijo. Además, subrayó la importancia de que todos los países tengan legislación adecuada y armonizada entre ellos, que fijara qué actividades constituyen tráfico o trata y que impusiera penas adecuadas. Un ejemplo de este tipo de legislación es el convenio de Santiago de Compostela que elaboró el Consejo de Europa de 2015. También es “muy necesario” tener marcos legislativos que permitan al personal sanitario informar sobre casos sospechosos de tráfico de órganos.