La ministra de Justicia, Pilar Llop, se mostró ayer lunes tajante sobre la posibilidad de reactivar la sentencia sobre la ley del aborto de 2010, pendiente desde hace once años en el Tribunal Constitucional (TC). A su entender, cualquier acción en ese sentido supondría "volver al pasado" y a "posiciones regresivas". Tal y como expresó la titular de Justicia "reactivar ahora este asunto supone volver otra vez al pasado. "El TC tiene sus tiempos, pero no es el momento de estar en posiciones regresivas cuando España, desde 2010, acordó una legislación progresista que nos situaba a la vanguardia junto a otros países", indicó Llop en una entrevista en el programa Al rojo vivo de La Sexta.

Así se pronunció al ser preguntada por la información publicada ayer lunes por el periódico El País, según la cual el TC planea abrir la deliberación sobre la ley del aborto de 2010, tras una reciente denuncia presentada por una veintena de exdiputados del Partido Popular (PP) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -por la "falta de resolución" de la Justicia española y por "retrasar injustificadamente" su pronunciamiento sobre dicho recurso- y tras una querella de Abogados Cristianos por no resolver el recurso del PP sobre la ley del aborto.

Llop precisó que estos recursos no están fundamentados en el "clamor social", como sí ocurrió, a su juicio, cuando el PP intentó modificar la ley para volver a una norma basada en supuestos. "Fue un clamor social cuando intentó tocarse la ley de plazos y se intentó volver al sistema de tres supuestos -eugenésico, criminológico y terapéutico-, que ponía muchos obstáculos", recalcó la ministra. Frente a esto, reivindicó que lo que pretende la ley es "que las mujeres sean libres y tengan garantías a la hora de decidir si quieren interrumpir su embarazo y que lo hagan en condiciones de higiene y seguridad". "Nadie puede sustituir la voluntad de las mujeres, porque es algo intrínseco", subrayó.

Aborto y menores

Sobre la intención de Unidas Podemos de reformar la ley del aborto para permitir que las menores puedan abortar sin el consentimiento paterno -una obligación que introdujo en 2015 el Gobierno del PP-, Llop defendió el derecho a abortar de las jóvenes de 16 y 17 años sin que sea "sustituida su voluntad". "Las jóvenes de 16 y 17 años son mujeres que lo que necesitan es un acompañamiento en la toma de la decisión, pero nunca que sea sustituida su voluntad en una cuestión que afecta directamente a su dignidad y que es un derecho personalísimo", apostilló Llop.

Según la ley vigente, todas las mujeres pueden tomar la decisión de abortar "sin interferencia de terceros" en un período de catorce semanas, siempre que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y haya transcurrido un plazo de al menos tres días.

En caso de que haya problemas médicos, las mujeres pueden abortar en el plazo de 22 semanas cuando exista un "grave riesgo" para su vida o salud, y cuando el feto pueda mostrar "graves anomalías". Además, la ley recoge dos supuestos excepcionales en los que se puede abortar pasadas esas 22 semanas: por anomalías fetales incompatibles con la vida y cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable y así lo confirme un comité clínico.

El apunte

Supuestos

Clamor social. A juicio de la ministra de Justicia, Pilar Llop, los recursos presentados por varios exdiputados del Partido Popular ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por Abogados Cristianos no están fundamentados en el "clamor social", como sí ocurrió, en palabras de la ministra, cuando el PP intentó modificar la ley para volver a una norma basada en supuestos. "Fue un clamor social cuando intentó tocarse la ley de plazos y se intentó volver al sistema de tres supuestos -eugenésico, criminológico y terapéutico-, que ponía muchos obstáculos", recalcó la ministra.